El gobierno de Donald Trump impulsa una nueva y amplia campaña federal dirigida contra personas y colectivos identificados como “marxistas”, “izquierdistas” y “anarquistas”, en un esfuerzo que también apunta a quienes critican los llamados valores tradicionales de Estados Unidos.
La estrategia incluye acciones legales y de seguridad nacional que buscan perseguir a activistas, particularmente aquellos que se oponen a políticas antimigrantes. Como parte de esta ofensiva, autoridades han comenzado a catalogar a algunos grupos como integrantes de “Antifa”, a quienes califican como terroristas domésticos.
El plan se sustenta en el memorando de Seguridad Nacional número siete, conocido como NSPM 7, que establece una estructura gubernamental para investigar y actuar contra presuntos movimientos de izquierda considerados antiestado. Además, contempla la realización de una cumbre internacional con gobiernos aliados para coordinar esfuerzos contra estos grupos.
Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt confirmó la existencia de un grupo de trabajo enfocado en lo que el gobierno considera una amenaza. La postura oficial sostiene que “Antifa” representa un riesgo, pese a que especialistas han señalado que no existe como una organización formal.
El primer caso relevante bajo esta política ocurrió en Texas, donde nueve manifestantes fueron declarados culpables tras una protesta frente a un centro de detención migratoria. Los cargos incluyeron apoyo material al terrorismo y homicidio, luego de que un enfrentamiento armado dejara a un policía herido.
Tras los hechos, la Oficina Federal de Investigaciones realizó arrestos adicionales, incluso de personas que no estuvieron presentes en la manifestación. La fiscal general Pam Bondi aseguró que este proceso representa el inicio de una campaña para desmantelar lo que el gobierno define como una red extremista.
Sin embargo, durante el juicio, testimonios y documentos oficiales señalaron que no se pudo comprobar la existencia de una organización estructurada bajo el nombre de Antifa. Aun así, las autoridades han mantenido esta narrativa como base de su estrategia.
En paralelo, críticos y organizaciones como la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles han advertido que estas medidas buscan intimidar y silenciar a la oposición política, señalando posibles violaciones a derechos constitucionales como la libertad de expresión y el debido proceso.
La ofensiva también incluye el uso de tecnologías de vigilancia y la investigación de organizaciones civiles sospechosas de vínculos con “terrorismo doméstico”, lo que ha intensificado el debate sobre los límites del poder gubernamental y el impacto de estas acciones en la democracia estadounidense.
