El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visas y la imposición de restricciones migratorias a varios individuos en México, identificados como facilitadores clave de redes de migración ilegal hacia territorio estadounidense. Las sanciones se enfocan en ejecutivos y altos miembros de una empresa de transporte con sede en México, cuyo nombre no fue revelado.
De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, estos directivos proporcionaban servicios diseñados para extranjeros con la intención de ingresar irregularmente a Estados Unidos. La red operaba coordinando traslados de migrantes —incluidos menores— provenientes del Caribe y otras regiones, llevándolos hacia puntos estratégicos en Centroamérica para posteriormente intentar cruzar la frontera norte.
El Departamento de Estado subrayó que estas acciones buscan desmantelar las estructuras que se benefician de la vulnerabilidad de los migrantes. En su comunicado, advirtió que Estados Unidos no tolerará intentos de socavar su seguridad nacional ni sus leyes migratorias, y reiteró que continuará persiguiendo a las redes de tráfico humano.
Con esta medida, Washington envía un mensaje directo al sector privado del transporte en la región, alertando sobre las consecuencias legales y migratorias de participar en esquemas que faciliten el cruce irregular de personas hacia su territorio. La intención es desalentar cualquier colaboración con actividades que alimenten los flujos ilícitos.
El anuncio se da en medio de un contexto de presión bilateral, pues Donald Trump anunció aranceles del 30 % para exportaciones mexicanas como represalia por el tráfico de fentanilo y la migración irregular, aunque aplazó su aplicación para abrir negociaciones. Aun así, el gobierno estadounidense reconoció la cooperación de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desplegó 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, aunque señaló que aún queda trabajo por realizar.
