La investigación por la muerte de Roberto Hernández, motociclista que fue arrollado y arrastrado por una conductora en Iztapalapa, continúa abierta mientras la principal sospechosa, identificada como Gaby “N”, permanece prófuga de la justicia. El caso ha generado una fuerte presión social y un amplio seguimiento por parte de las autoridades capitalinas.
En las últimas horas, el periodista Carlos Jiménez informó que varios familiares cercanos de la conductora también han abandonado sus domicilios e incluso el país, presuntamente para evadir la atención pública y el avance de las indagatorias.
El hecho ocurrió después de las 22:00 horas del 3 de enero de 2026, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Roberto Hernández, repartidor de 52 años, circulaba en su motocicleta cuando fue impactado por un automóvil Honda City azul.
Tras el choque, la víctima quedó atrapada bajo el vehículo, que continuó su marcha y lo arrastró cerca de dos kilómetros, hasta la colonia Constitución de 1917. El cuerpo se liberó únicamente cuando un tope detuvo el avance del automóvil, según los primeros reportes.
El 5 de enero, el vehículo fue localizado abandonado en la calle Lago Zaima, en Ciudad Lago, Nezahualcóyotl. El Honda City, registrado a nombre de Gaby “N”, presentaba daños visibles, la cajuela abierta y carecía de placas de circulación.
De acuerdo con información difundida por Carlos Jiménez, la mujer, de 43 años y enfermera de profesión, llegó a su domicilio tras el incidente en estado alterado, recogió documentos y pertenencias, pidió a su familia negar su presencia y posteriormente abandonó el lugar. Desde entonces se desconoce su paradero. En paralelo, su hermano habría salido rumbo a Estados Unidos y otros familiares cercanos también dejaron sus viviendas.
Las autoridades han realizado operativos en al menos cinco domicilios vinculados a la sospechosa en Nezahualcóyotl y la Ciudad de México, sin resultados hasta el momento. Aunque el caso inició como homicidio culposo, la Fiscalía capitalina reclasificó el delito a homicidio calificado, el cual puede ser sancionado con hasta 50 años de prisión si se acreditan agravantes como la omisión de auxilio y el arrastre prolongado del cuerpo de la víctima.
