Presuntamente, por segunda ocasión fue hackeado el sistema de información de la Fiscalía General del Estado (FGE); la institución investiga la supuesta sustracción de 336 mil expedientes sobre casos de mujeres violentadas.
“Ante la reciente publicación sobre una presunta vulneración de datos, se activó el protocolo de revisión técnica y exhaustiva, estas medidas tienen que ver con el inicio de la carpeta de investigación correspondiente”, informó la FGE.
Los datos que supuestamente fueron hackeados son del Banco Nacional de Víctimas, que es administrado por el Centro de Justicia para las Mujeres de la FGE.
El Banco “permite el acceso controlado a usuarios de instituciones externas. Actualmente cuenta con la participación de 56 instituciones y 4 mil 453 usuarios debidamente registrados”, precisó la fiscalía.
Agrega que entienden la “inquietud” que genera la posible filtración de información de las mujeres que han confiado en las instituciones para solicitar apoyo y protección.
“Personal especializado en ciberseguridad realiza una evaluación integral de la infraestructura tecnológica que resguarda el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres para verificar su integridad, seguridad y correcto funcionamiento”, señaló.
Agregó que realizan monitoreos y análisis para identificar con precisión cualquier posible afectación para poder actuar con oportunidad y firmeza.“
Cualquier intento de acceso indebido, uso irregular o difusión no autorizada de información vinculada a casos de violencia, no solo podría constituir un hecho ilícito, sino también una forma de revictimización que vulnera la dignidad, la seguridad y los derechos de las mujeres”, refiere la institución.
La FGE, que encabeza Gerardo Vázquez Alatriste, afirmó que tiene el compromiso absoluto de proteger datos personales y de mantener la confidencialidad de la información.
“Las revisiones se desarrollan bajo los más altos estándares técnicos y protocolos de seguridad”, concluyó.
Primer hackeo
A finales de noviembre del año pasado, el fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste, negó un hackeo al sistema de la FGE. Posteriormente, la dependencia anunció que integró una carpeta de investigación por difusión de archivos oficiales.
“En relación con la información difundida recientemente sobre la filtración de archivos que un grupo externo se adjudicó, se inició la carpeta de investigación, pues es obligación de esta Institución investigar toda posible conducta delictiva”, divulgó.
Agregó que el Ministerio Público integra líneas de investigación sin escatimar esfuerzos técnicos, físicos, forenses o tecnológicos hasta que sea esclarecido el robo de información.
Por el acceso a su sistema, la FGE difundió que la información que se ha mostrado o circula públicamente ya fue restablecida.
“Derivado de los trabajos de restablecimiento y del análisis forense que dio origen a partir de una intrusión no autorizada, se informa que el porcentaje de los equipos vulnerados fue del 1.7 por ciento del total de la infraestructura en este rubro”, afirmó en esa ocasión.
El caso fue abordado en el pleno del Congreso, donde la diputada de Morena, Hades Aguilar Aguirre, solicitó que fueran auditados 4 mil 457 millones de pesos de la partida Efectividad del sector de procuración de justicia.
La legisladora pidió una auditoría integral al ejercicio fiscal de 2025 de la FGE y una revisión al programa presupuestario E030 Efectividad del sector de procuración de justicia en lo relativo a todos los procesos relacionados con la seguridad informática.
“En este contexto, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato cuenta con un programa denominado E030 Efectividad del sector de procuración de justicia, en el cual se invierten más de 4 mil 457 millones de pesos”, mencionó.
Agregó que entre los proyectos del programa está el QC3113 Fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, que cuenta con 151 millones de pesos.
“Este proyecto buscaba, entre otras cosas, adquirir 3 mil 257 licencias informáticas necesarias para la operatividad, seguridad y gestión de la información que se maneja en la Agencia de Investigación Criminal”, detalló.
