La Fiscalía de Río de Janeiro informó que al menos dos de las 121 personas fallecidas durante la operación policial del 28 de octubre en las favelas de Penha y Alemão presentan lesiones atípicas que no corresponden a enfrentamientos armados convencionales. El hallazgo se dio a conocer en un informe parcial remitido a la Corte Suprema, donde se detallan las autopsias de las víctimas de lo que ya es considerada la operación más letal en la historia reciente de Brasil.
El operativo, que también dejó cuatro policías muertos, tenía como objetivo la captura de líderes del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y poderoso de Río de Janeiro, con influencia en otros estados y países vecinos. No obstante, los resultados generaron una fuerte polémica por el elevado número de civiles muertos y las sospechas de ejecuciones extrajudiciales. El documento enviado al juez Alexandre de Moraes, encargado de investigar la letalidad policial, menciona que uno de los fallecidos recibió disparos a corta distancia, mientras otro fue hallado decapitado con un objeto cortante, hechos que no concuerdan con un enfrentamiento armado típico.
El informe detalla que la mayoría de los cuerpos presentan heridas por fusil en tórax, abdomen y espalda, lo que sugiere que fueron alcanzados mientras huían o estaban fuera de combate. Todos los muertos eran hombres jóvenes de entre 20 y 30 años, muchos con ropa táctica, botas militares y chalecos con cargadores de munición. En varios cadáveres se encontraron teléfonos móviles, municiones y pequeñas dosis de droga, además de tatuajes asociados a facciones criminales o a símbolos de violencia contra la policía.
Aun así, los fiscales subrayaron que la presencia de estos indicios no exime a las autoridades de esclarecer las circunstancias exactas de las muertes, especialmente en los casos que presentan características irregulares o signos de ejecución. La próxima fase de la investigación se centrará en analizar las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes y reconstruir la escena de los enfrentamientos, con el fin de determinar si se actuó conforme a los protocolos de uso de la fuerza.
La llamada Operación Contención ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos, que la califican como una acción desproporcionada y violenta. Ante las denuncias de abusos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció públicamente que “no había una orden judicial de matanza, y hubo matanza”. En respuesta, la Policía Civil aseguró que 115 de los 117 civiles identificados tenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho, de los cuales 97 tenían antecedentes penales relevantes y 59 contaban con órdenes de captura, mientras las investigaciones judiciales continúan para esclarecer posibles excesos en la actuación policial.
