El exsecretario de Seguridad Pública de México lleva ocho meses incomunicado, según sus abogados, enfrentando maltratos físicos y psicológicos, pérdida de más de 14 kilos y restricciones de higiene básica.
Desde su traslado de Brooklyn a prisiones de máxima seguridad como AMX Florence, su contacto con los defensores legales ha sido mínimo, dificultando la preparación de su apelación por narcotráfico.
A pesar de ciertas mejoras en Florence, las condiciones extremas y la falta de acceso a documentos judiciales continúan, lo que llevó a sus abogados a solicitar un tercer aplazamiento de 90 días para presentar alegatos.
Un caso que ha captado la atención internacional, mostrando los retos que enfrentan los presos de alto perfil para garantizar sus derechos y un juicio justo.
