Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Durante su conferencia semanal, el gobernador Rubén Rocha Moya fue cuestionado sobre la reciente inauguración de una oficina de gestión por parte de la diputada local Tere Guerra, en la cual se están ofreciendo servicios gratuitos a la ciudadanía. Ante señalamientos de que dicho acto podría considerarse como una acción anticipada de campaña, el mandatario estatal se abstuvo de emitir un juicio directo.
Rocha Moya señaló que la responsabilidad de evaluar si este tipo de acciones constituyen actos anticipados de campaña recae en la legislación electoral vigente. Indicó que no tiene una opinión concluyente sobre el caso, ya que desconoce con precisión qué establece la ley en esta materia. “Eso hay que verlo muy puntualmente con quienes ya han expresado sus aspiraciones políticas”, subrayó.
El gobernador explicó que es común y, en ocasiones, obligatorio que legisladores—ya sean senadores, diputados federales o locales—tengan oficinas de atención ciudadana. Lo importante, dijo, es determinar si dichas instalaciones se ajustan a sus funciones legislativas o si sobrepasan esos límites con fines proselitistas. “Lo tiene que calificar la ley electoral”, reiteró.
También mencionó que los recursos públicos asignados a cada legislador deben utilizarse y comprobarse conforme a los lineamientos establecidos por las cámaras, y que el destino de esos fondos debe estar claramente definido.
Rocha Moya concluyó diciendo que, aunque reconoce el derecho de cada legislador a tener un espacio de atención, será la autoridad electoral la que deberá decidir si este tipo de acciones corresponden a sus funciones o si, en efecto, representan un posicionamiento político con miras al próximo proceso electoral.
