El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum una actualización del monto de su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y aseguró que podría liquidarla “en menos de 10 días”. Sin embargo, la cifra que propone pagar —7 mil 600 millones de pesos, incluyendo un abono previo de 2 mil 700 millones realizado en 2022— está muy por debajo del monto reclamado por el gobierno, que asciende a 74 mil millones de pesos, según la Procuraduría Fiscal de la Federación.
El anuncio ocurrió durante un evento multitudinario en la Arena Ciudad de México, donde Salinas Pliego celebró su cumpleaños 70. En el acto, el empresario afirmó públicamente que desea saldar sus adeudos y presentó documentos que, según él, acreditan su disposición a pagar. Entre ellos, destacó una carta dirigida a Sheinbaum, enviada hace un año, donde asegura haber alcanzado acuerdos previos con autoridades del sexenio anterior.
De acuerdo con los documentos divulgados por Grupo Salinas, las negociaciones se habrían realizado con el exprocurador fiscal Félix Arturo Medina Padilla, hoy subsecretario de Derechos Humanos. No obstante, el texto aclara que los cálculos de pago propuestos estaban “sujetos a validación con el SAT”. El empresario sostiene que la dependencia no respetó los compromisos alcanzados y acusa al gobierno actual de realizar “maniobras perversas” para frenar la resolución de sus casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde el gobierno federal, las respuestas no tardaron. El procurador fiscal Arturo Medina rechazó rotundamente que existiera algún acuerdo previo con el empresario, afirmando que “nunca hubo tal negociación”. Explicó que la deuda del grupo empresarial proviene de ejercicios fiscales entre 2008 y 2013, y que 48 mil millones de pesos del total reclamado ya se encuentran en proceso de resolución ante la Suprema Corte. Medina subrayó que las deudas de Salinas Pliego se arrastran desde hace más de 17 años y que “en ninguno de los gobiernos ha querido pagar”.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum también negó la existencia de cualquier pacto con el magnate y rechazó las insinuaciones de que se trate de un asunto político. “Si quieren pagar, que paguen. Nada les impide hacerlo”, sentenció la mandataria durante su conferencia matutina. Sheinbaum insistió en que no habrá “acuerdos en lo oscurito” y que el procedimiento debe seguir los cauces legales establecidos por el Código Fiscal de la Federación, como ocurre con cualquier contribuyente.
La procuradora fiscal Grisel Galeano explicó que el SAT esperará la resolución definitiva de la Suprema Corte antes de responder al empresario, argumentando que su historial de litigios busca retrasar el cobro mediante recursos y amparos. Precisó que el gobierno ha perdido la paciencia ante esta estrategia y que la reciente reforma a la Ley de Amparo, aprobada por el Congreso, busca justamente evitar estas tácticas dilatorias en casos fiscales como el suyo.
Mientras tanto, el empresario enfrenta también problemas judiciales en Estados Unidos. En septiembre, tuvo que pagar una fianza de 25 millones de dólares para evitar su arresto en un caso con AT&T por una deuda derivada de la compra de Iusacell en 2015. Además, enfrenta otro litigio por 580 millones de dólares con acreedores estadounidenses, proceso que incluso ha derivado en un arbitraje internacional con el Estado mexicano.
Ante este panorama, Salinas Pliego ha intensificado su discurso público, buscando apoyo en la opinión popular. Durante su fiesta, rodeado de empleados y seguidores que lo ovacionaron al grito de “¡presidente!”, reiteró: “Sí queremos pagar”. Sus declaraciones, sin embargo, contrastan con la posición del gobierno, que considera que el empresario busca presionar políticamente para obtener ventajas fiscales.
La presidenta Sheinbaum fue enfática al reiterar que “con el SAT no se negocia” y que si Salinas Pliego realmente quiere cumplir, puede hacerlo de inmediato. “No necesitan una reunión ni una respuesta especial; pueden pagar hoy mismo”, subrayó Galeano. Con los casos avanzando en tribunales y las opciones de negociación agotadas, el conflicto entre el magnate y el gobierno mexicano parece encaminarse hacia una resolución judicial definitiva, mientras la tensión política y mediática sigue creciendo.
