El arresto en Paraguay de Hernán Bermúdez, exjefe de la policía de Tabasco entre 2018 y 2024 y presunto líder criminal, ha generado gran repercusión en México. Bermúdez enfrenta un proceso de extradición y está acusado de asociación delictiva, extorsión y secuestro exprés. Su captura alimenta las especulaciones sobre el alcance de sus vínculos políticos y criminales.
El secretario antidrogas paraguayo, Jalil Rachid, explicó que México detectó movimientos de Bermúdez en Paraguay desde marzo y, gracias a información compartida con la inteligencia local, lograron ubicarlo en la zona metropolitana de Asunción. Según Rachid, había indicios de que pretendía instalar una red criminal en el país, especialmente porque su sobrino Gerardo Bermúdez ya había sido detenido en julio por actividades ilegales relacionadas con apuestas.
En México, Bermúdez es señalado como pieza clave en la consolidación de La Barredora, grupo criminal que inicialmente colaboró con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en delitos como tráfico de drogas, extorsión y robo de combustible. Sin embargo, la alianza terminó en una ruptura que derivó en una ola de violencia en Tabasco. Para finales de 2019, las sospechas sobre la complicidad de Bermúdez con el crimen ya eran firmes dentro del aparato de inteligencia militar.
La controversia también crece por su cercanía con Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobernación y figura clave de Morena. López, muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, impulsó a Bermúdez en su carrera policial. La relación entre ambos alimenta la percepción de que el caso podría tener ramificaciones políticas de alto nivel.
El caso Bermúdez representa un reto para el gobierno de Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena. La presidenta ha insistido en que se investigará sin importar quién esté involucrado, en un intento por marcar distancia frente a la corrupción. Sin embargo, cualquier irregularidad en el proceso podría interpretarse como un intento de frenar la justicia, lo que pondría en entredicho el compromiso de su administración con la transparencia y el Estado de derecho.
