Redacción
Culiacán, Sinaloa.- La atención de las niñas, niños y jóvenes indígenas es, sin duda, una de las mayores deudas que tenemos en el sistema educativo. Aunque se encuentra sustentado en el artículo tercero constitucional que la educación debe ser equitativa, incluyente, intercultural y de excelencia y en el artículo segundo se establece que deben salvaguardarse los derechos de los pueblos indígenas, este tema sigue siendo una asignatura pendiente.
No obstante, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla eliminar por completo el Programa de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena a pesar de las condiciones de pobreza, marginación, desigualdad, vulnerabilidad y exclusión que estos grupos enfrentan.
Esta preocupación fue manifestada por expertos en el tema de derechos indígenas a través del webinar El Derecho a Aprender de Niñas y Niños en Comunidades Indígenas organizado por Mexicanos Primero Sinaloa, quienes exhortaron a los diputados a reconsiderar dicha eliminación en el presupuesto.
“Es un atropello a los derechos humanos”, mencionó Cresencio Ramírez Sánchez, activista y coordinador de la Red de Pueblos Indígenas de Sinaloa.
Por su parte, el doctor en derecho, Gonzalo Armienta Hernández, consideró que a partir de la pandemia, la brecha entre ricos y pobres se está haciendo más extensa en razón de aquellos que tienen más oportunidades de adquirir una educación más sólida, aquellos que tienen acceso a recibir educación a distancia, a diferencia de lo que sucede en las comunidades indígenas o de más bajos recursos donde tienen muchos problemas para que los niños puedan acceder a la educación, no tienen los aparatos necesarios; no cuentan con computadoras, teléfonos celulares y si los tienen, no cuentan acceso a internet.
“En realidad, no hay una política pública para resolver esta problemática”, aseguró.
Durante el webinar, Ángel Leyva Murguía, director de Investigación de Mexicanos Primero Sinaloa, compartió que los retos que enfrentan los estudiantes indígenas, incluso desde antes de la pandemia, son muchos, que el promedio de escolaridad de los indígenas de 15 años o más es de 6.9 grados, muy por debajo de la media nacional de 9.4 de la población no indígena, además de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 9 de cada 10 niños hablantes de lenguas indígenas se encuentran en condición de pobreza, aunado a las malas condiciones de las escuelas.
Eliminar el programa que atiende a niñas y niños en comunidades indígenas traería graves consecuencias para nuestro sistema educativo, consideró Leyva Murguía, ya que no se estaría cumpliendo con lo planteado en el artículo tercero de la Constitución que es lograr un aprendizaje incluyente.
Sería vergonzoso, racista y discriminatorio eliminar el recurso asignado a esos grupos tan ricos en cultura, solamente en Sinaloa hay 400 mil indígenas y 35 lenguas con residencia, destacó el activista Cresencio Ramírez.
Consideró que por el contrario se deben etiquetar recursos para poder aterrizar programas específicos para los pueblos indígenas.
“Hay muchas leyes en materia indígena, pero sin recursos y sin aplicación se convierten en letra muerta. Los diputados deben ponerse a estudiar las consecuencias que conllevaría no tener recursos para los pueblos indígenas”, expresó.