Ante el trágico incidente en el que un funcionario de la Delegación del Bienestar presuntamente atropelló a un vendedor de mariscos mientras conducía un vehículo oficial en estado de ebriedad, la diputada María Teresa Guerra Ochoa expresó su preocupación y urgencia por revisar el marco legal vigente en Sinaloa.
“Este es un tema que como Congreso nos debe ocupar más. No podemos permitir que hechos como este queden en el olvido”, declaró.
La legisladora señaló que en otras entidades del país, cuando un conductor de transporte público causa la muerte de una persona, el delito se considera homicidio doloso y no permite libertad bajo fianza. Por ello, propuso que Sinaloa revise su normativa penal para que los homicidios culposos cometidos bajo el influjo de alcohol o drogas tengan sanciones más severas.
“Debemos revisar que no haya libertades cuando hay consumo de sustancias. No puede tratarse como un accidente común”, enfatizó.
Guerra Ochoa también cuestionó el uso de unidades oficiales fuera del horario laboral y en condiciones inapropiadas. Recordó que el funcionariado está obligado a resguardar los vehículos públicos, y que si se va a consumir alcohol, debe dejarse el vehículo y designarse un conductor sobrio, como se hace en el ámbito privado.
“Aquí hubo varias fallas: vehículo oficial, funcionario, alcohol. Es preocupante y debe llevarnos a revisar la normativa”, afirmó.
Guerra Ochoa subrayó que la ley debe aplicarse sin importar vínculos personales o jerárquicos. Reiteró que si hay una familia víctima, el Congreso tiene la obligación de garantizar justicia y evitar cualquier intento de impunidad.
“Puede ser familia, puede ser amistad, pero eso no te debe llevar a buscar impunidad. Debe haber castigo”, sentenció.
La diputada hizo un llamado a sus colegas legisladores para que este caso no se minimice ni se archive. Propuso que el Congreso se comprometa a revisar el tipo penal de homicidio culposo, especialmente en casos donde intervienen servidores públicos y vehículos oficiales, y que se impulse una reforma que refuerce la responsabilidad del funcionariado en el uso de bienes públicos.
