El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el estado de emergencia económica y social luego de que el Congreso rechazara su propuesta de aumentar los impuestos, una medida que el mandatario consideraba clave para sanear las finanzas públicas y evitar un mayor deterioro fiscal.
Antes de la publicación del decreto, Petro argumentó que el país arrastra un déficit primario desde el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y advirtió que, si la Corte Constitucional también invalida la emergencia, Colombia enfrentará un aumento en el riesgo país y una posible crisis económica derivada de la insostenibilidad de la deuda.
La oposición rechazó la decisión presidencial y sostuvo que el problema no radica en la falta de impuestos, sino en el elevado gasto público. Legisladores críticos acusaron al gobierno de un manejo ineficiente de los recursos y señalaron que debería reducir el gasto estatal para contener el déficit fiscal.
De acuerdo con el decreto publicado el 22 de diciembre, la emergencia se justifica por una situación fiscal tensa, la necesidad de incrementar el gasto en salud y seguridad, y el rechazo de la ley de financiamiento. La declaratoria faculta al Ejecutivo a aumentar impuestos sin la aprobación del Congreso, aunque este tipo de medidas suelen reservarse para crisis excepcionales y podrían ser revertidas por la Corte Constitucional.
El contexto económico se agravó tras la decisión de Fitch Ratings de rebajar la calificación crediticia de Colombia de BB+ a BB, al advertir déficits persistentes. Petro ha señalado que, sin una reforma tributaria, el déficit podría alcanzar 7.5 por ciento del PIB en 2026, año en que el país celebrará elecciones presidenciales. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la emergencia busca recuperar 16 billones de pesos que se perdieron tras el fracaso de la reforma fiscal en el Congreso.
