El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia histórica al establecer que todos los Estados miembros están obligados a reconocer legalmente el matrimonio homosexual celebrado por dos ciudadanos de la UE en cualquier país del bloque. El fallo responde al caso de una pareja polaco-alemana casada en Berlín en 2018, cuyo matrimonio fue rechazado por el Registro Civil de Polonia cuando intentaron residir allí, ya que este país no reconoce el matrimonio igualitario.
Según el tribunal, esta negativa vulnera derechos fundamentales garantizados por los tratados europeos, como la libertad de circulación y residencia, además del respeto a la vida privada y familiar. La resolución advierte que no reconocer una unión válida en otro Estado miembro puede obstaculizar gravemente la vida familiar de la pareja, sin que ello implique obligar al país de origen a legalizar el matrimonio igualitario. Asimismo, descarta que dicha obligación afecte la identidad nacional o el orden público del Estado que debe reconocer el enlace.
La decisión se enmarca en un contexto global donde el matrimonio igualitario continúa siendo un derecho limitado: solo 38 de los 193 países de la ONU lo permiten, 16 de ellos dentro de la UE. Además, cuatro socios europeos —Bulgaria, Eslovaquia, Rumania y Polonia— aún no reconocen ni los matrimonios ni las uniones civiles entre personas del mismo sexo, pese a la prohibición explícita de discriminación por orientación sexual en la Carta de Derechos Fundamentales.
La sentencia cobra especial relevancia en un momento en que algunos gobiernos europeos, como Hungría y Eslovaquia, promueven agendas políticas abiertamente homófobas. El fallo reafirma los valores democráticos y de igualdad que sustentan a la Unión Europea, recordando que la discriminación por orientación sexual es incompatible con sus principios fundacionales.
Hace dos décadas, cuando España se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario, su entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que “una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros”. Hoy, gracias a esta resolución, ese principio se fortalece en toda la Unión Europea, más allá de las ideologías de sus gobiernos.
