Culiacán, Sinaloa.- La violencia contra la prensa en México va en ascenso y el problema central es la impunidad porque no se castiga en un 98 y 99 por ciento los crímenes y amenazas cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos, coincidieron periodistas de los semanarios Zeta y Riodoce y dirigentes de organismos internacionales como Artículo 19, Periodistas Sin Fronteras y Comité de Protección a Periodistas en tanto que Jesús Cantú, de comunicación de la presidencia de la república aseguró que el Gobierno ya trabaja con Naciones Unidas para garantizar justicia que no presenten mas casos.
En la mesa de análisis “La situación de los periodistas en México” donde participaron Adela Navarro, directora del semanario Zeta de Tijuana, Ismael Bojorquez de Riodoce, Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, Balbina Flores Martínez, representante en México de Periodistas Sin Fronteras, Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección para Periodistas urgieron al gobierno mexicano mejores condiciones y ataque a la impunidad, no solo a la corrupción.
El representante de artículo 19 señaló que el año pasado se registraron 544 agresiones de las cuales 185 fueron cometidas en proceso electorales, ligados a algún partido y donde la impunidad es del 99 por ciento por lo que hay que terminar con los pactos criminales de impunidad pero hay una lista negra, además que se criminalice la búsqueda de información pues el ofender a la autoridad es un delito en 26 estados del país y otra preocupación es que desde presidencia de la república se señale a los medios que son críticos o que no son afines y la propia censura.
Adela Navarro, del semanario Zeta dijo que los casos de impunidad son el principal problema porque los atentados y asesinatos a directivos del medio están igual, sin castigo a los responsables ya sean de gobierno o del crimen organizado.
Ismael Bojorquez de Riodoce mencionó que funcionarios del gobierno federal han reconocido que el 80 por ciento de los casos de agresiones a periodistas participa una persona del estado, que puede ser un policía, un alcalde, regidor, diputado, es un contexto muy lamentable donde lo que urge es cambiar las cosas.
Jan Albert Hootsen, señaló que en el caso de Valdez Cárdenas, son dos años de impunidad pues no se ha dado con los autores intelectuales y no ha terminado el juicio contra los autores materiales y este año inició mal porque han asesinado a cinco periodistas por lo que están en espera de una política pública integral para que el gobierno federal atienda la problemática pues por el momento es una continuación de la situación vivida con los gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Jesús Cantú, ex director de Noroeste y quien ahora forma parte de Comunicación de la presidencia de la república reconoció que se tiene un mal endémico que se ha agudizado y que tiene causas estructurales, que incluye a muchos autores y agresores hasta del poder económico y político porque no se puede descartar a priori que detrás de una agresión, esté un funcionario público por eso mientras no se ataque la impunidad, con muy pocos delitos sancionados, no se podrá frenar el problema
Dijo que fue muy lamentable la pérdida de Javier Valdez y que sigan ocurriendo los crímenes en contra de periodistas que es una responsabilidad que debe asumir completamente el Gobierno, no sólo de esclarecer totalmente los crímenes y no solo detener a los autores materiales sino intelectuales y poder crear las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir.
Indicó que no se puede presumir en todos los casos de homicidio, que no hay participación de servidores públicas y por desgracia históricamente se sabe que había funcionarios que estaban involucrados y hay que desentrañar todo eso.
Agregó que el Gobierno federal está haciendo una revisión con el apoyo y supervisión de las naciones unidas sobre el mecanismo de protección a periodistas y defensores a derechos humanos donde hay que hacer un diagnóstico para que se tomen las medidas necesarias para poder garantizar que se esclarezca lo que ya ocurrió y que se puedan evitar mas casos y hay condiciones para que esclarezca pero entre mas tiempo es más difícil desentrañar los detalles por parte de la Fiscalía especializada y la Fiscalía General que ahora es autónoma.
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