Irene González

Culiacán, Sinaloa.- Policías activos y jubilados, así como viudas de agentes que han fallecido en el cumplimiento de su deber ingresaron de manera violenta al Congreso del Estado e incluso dañaron una de las puertas de acceso al edificio. 

Luego de manifestarse en palacio de gobierno por el veto que aplicó el gobernador Quirino Ordaz Coppel a las reformas aprobadas a la Ley de Seguridad Pública, en materia de pensiones, se trasladaron al poder Legislativo para continuar con la protesta.  

El secretario general del Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo, confirmó que el grupo viudas de policías ingresaron de manera violenta quebrando uno de los cristales de la puerta de ingreso al recinto legislativo.  

“Están enojadas por el veto, pero donde deben de manifestarse es en otra parte no aquí, las vamos a atender ahorita, pero si llegaron así y quebraron un cristal”, detalló.  

Finalmente, y después de este incidente una comisión de diputados atendió a los agentes y viudas de policías, quienes se comprometieron a buscar una mesa de diálogo con el titular del Poder Ejecutivo, así como con el alcalde de Culiacán para atender esta problemática que reconocieron como urgente. 

El Coordinador del Grupo Parlamentario de morena, José Rosario Romero, dijo que buscarán establecer una mesa de diálogo con el Gobernador para pedir que se apliquen esos 10 millones de pesos que ya fueron aprobados, y que se aplique recursos adicionales para resolver algunos de los problemas ya existentes. 

El pasado 15 de junio el gobernador Quirino Ordaz Coppel regresó al Congreso del Estado con observaciones las reformas aprobadas a la Ley de Seguridad Pública en el tema de pensiones alegando que dichas modificaciones violan diversos principios en materia de seguridad social y diversas disposiciones en materia presupuestal, de responsabilidad Hacendaria y Financiera.  

Detalla que todos los preceptos legales que fueron reformados inciden en la materia presupuestal particularmente en lo que los ingresos corresponden sin que se hubiese seguido el procedimiento legislativo del que debió derivar la conclusión o dictámenes de la viabilidad de la implementación de la reforma.    

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