La divulgación de un chat grupal de la Federación Nacional de Jóvenes Republicanos, con mensajes racistas, bromas sobre violación y alusiones a cámaras de gas, provocó una ola de condenas y llamados a que los implicados renuncien o sean destituidos. Politico accedió a meses de conversaciones en Telegram entre líderes y afiliados de estados como Nueva York, Kansas, Arizona y Vermont; la federación pidió públicamente la salida de los involucrados y calificó los intercambios como “indignos de cualquier republicano”.
La reacción interna en el Partido Republicano fue mixta. Varios dirigentes estatales y legisladores —incluidos el gobernador de Vermont y líderes locales— exigieron la renuncia de quienes participaron, y se identificó al senador estatal Sam Douglass entre los implicados. También figuras como la representante Elise Stefanik y la presidenta del Partido Republicano de Kansas pidieron sanciones, describiendo los mensajes como inaceptables y ajenos a los valores del partido.
Sin embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, restó peso a la crisis y defendió una postura mitigadora: calificó la reacción como una “exageración”, comparó los comentarios con conductas de jóvenes y advirtió contra arruinar la vida de personas por “chistes estúpidos” del pasado. Vance incluso publicó mensajes antiguos de un político demócrata para subrayar su argumento sobre la proporcionalidad de las sanciones y aconsejó precaución a los jóvenes sobre lo que escriben en línea.
La respuesta demócrata fue mucho más unánime y dura. El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió una investigación formal al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, por los “mensajes viles y ofensivos”, mientras que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, calificó el contenido como “repugnante” y exigió condenas claras de la dirigencia republicana.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también exigió consecuencias drásticas: expulsiones del partido y la remoción de roles oficiales y de asesoría, solicitando que estos jóvenes no sean utilizados en campañas. En general, las voces públicas piden medidas ejemplares y rápidas para evitar que los mensajes sigan dañando la imagen del partido y para subrayar que tales expresiones no deben quedar impunes.
El caso puso en evidencia tensiones internas sobre cómo lidiar con conductas polémicas de militantes jóvenes: mientras algunos abogan por sanciones contundentes para limpiar la imagen del partido, otros —como Vance— piden cautela frente a lo que consideran tropiezos juveniles, alimentando el debate sobre responsabilidad, redes sociales y consecuencias políticas.
