A casi un año de la tragedia que conmocionó a la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa, el proceso judicial contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha dado un paso crucial. Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de 13 militares señalados por el homicidio de las pequeñas Leidy y Alexa, de tan solo 11 y 7 años, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia.
Los hechos, ocurridos el 6 de mayo de 2025, dieron un giro radical en los tribunales. Aunque inicialmente las autoridades intentaron presentar el suceso como un «enfrentamiento», las investigaciones y el acompañamiento del Centro Prodh demostraron una realidad distinta: la familia se dirigía a la escuela cuando, al intentar dar vuelta ante un camino bloqueado, fue atacada sin previo aviso por un convoy militar.
¿Por qué es histórica esta resolución?
El juez de control determinó que los soldados actuaron bajo la figura de «dolo eventual». Al contar con adiestramiento profesional, los elementos eran conscientes de que disparar contra un vehículo civil tendría un resultado letal. A pesar de los argumentos de la defensa sobre el «estado de alerta y nerviosismo» que se vive en Sinaloa, la justicia federal acreditó que se trató de un uso de la fuerza injustificado y fuera de toda norma legal.
Este caso no solo busca justicia para dos vidas inocentes, sino que pone bajo la lupa los controles del despliegue militar en zonas de alta vulnerabilidad. Mientras la familia lucha por reconstruir sus vidas, el proceso avanza hacia una etapa de investigación complementaria que podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en México.
