Bernardo Hurtado
Culiacán, Sinaloa.- Genera preocupación la iniciativa aprobada en Comisiones Unidas conocida como “prohibición de las ECOSIG” para prohibición de las terapias de conversión, castigando la libertad, declaró Ana Laura Hernández Meijueiro, representante de Vía Familia.
Señaló cuando una persona tiene un conflicto de identidad sexual o de orientación sexual, regularmente acude a un psicoterapeuta, y que con esta iniciativa se pretende prohibir el acudir con uno y condenar hasta con 6 años de prisión al psicólogo que les dé terapia, a los ministros, sacerdotes y maestros que induzcan a llevarlos, y a padres de familia sancionarlos con amonestación.
“¿Entonces qué pasa que un niño una niña por x circunstancia no se identificó con su propia sexualidad? Pues generalmente los orientan con un psicólogo. Dentro de las cláusulas qué ellos están poniendo en esta iniciativa es la amonestación a los padres de familia, la cárcel a psicólogos, sacerdotes, maestros o cualquier persona que apoye recomiende o financie la terapia”.
Comentando no se requiere una iniciativa especial ante terapias violentas al ya haber leyes que la penan, no teniendo denuncias al respecto, señalaron la disforia de género y la dismorfia existen, teniendo estudios que avalan que detrás de estas condiciones no siempre hay diagnóstico, y que hay quienes se han arrepentido de la transición sexual, denominaron criminal el no dar atención a las personas al respecto.
“Aquí en el caso de la sexualidad hay toda una corriente ideológica que pretende hacer creer que una persona que se autopercibe del sexo del género opuesto o incluso de la especie diferente no se le puede ayudar. Esta iniciativa atenta contra la libertad humana, la libertad personal de una persona para decir ‘quiero ir a terapia’. No se condena la violencia, se condena la libertad”.
Declaró la mayor parte de los colectivos LGBTQ+ no tienen hijos y que tienen la intención de decirles a quienes sí los tienen cómo educarlos, considerando se debe despertar a los padres ante una posible imposición del manejo educativo de los hijos.
Con ello, que se exige a los diputados el escuchar a la ciudadanía y respeten la libertad de acudir a terapia y la ética profesional de los psicólogos, así como el acompañamiento respetuoso de los padres.