En la defensa de la autonomía universitaria, la justicia es lenta, sin embargo, es cuestión de tiempo para que las sentencias estén a favor de las autoridades universitarias y de la institución, informó Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de Rectoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa para Viva La Noticia.
En entrevista en el estudio del noticiero de radio y de redes sociales Viva La Noticia, conducido y dirigido por el periodista Enrique Gil Vargas, rememorando el conflicto tuvo inicio hace más de un año debido a la emisión de amparo ante la Ley de Educación Superior del Estado, el encargado de despacho manifestó no hay división de poderes en Sinaloa.
“Las autonomías de los poderes de las instituciones, dígase poder legislativo y poder judicial no existen, están bajo control del gobierno del estado. Las autonomías de la Fiscalía General del Estado y de la propia Auditoria Superior del Estado no existe, entonces la Auditoria Superior del Estado solapa todo a gobierno del estado, pero contra los adversarios políticos que considera el gobierno, es absoluta y totalmente tajante y determinante”.
Habiéndose interpuesto las denuncias por abuso de autoridad, debido a no haber permitido el ejercicio de auditoría por la ASE, contra Lizárraga Otero y Madueña Molina a pesar de que este por cuestión de agenda, señaló, no se encontraba en tal momento, comentó fueron vinculados a proceso y separado del cargo el pasado octubre del 2023. Sin embargo, que el 10 de enero se resolvió el amparo interpuesto por la UAS en instancias federales otorgando la razón. También, que el 30 de abril y 2 de mayo juez federal determinó que no hubo hecho indebido respecto a las vinculaciones a proceso contra ambas autoridades universitarias, violentando derechos humanos y vulnerando la constitución.
Con ello, comentó la justicia es lenta lamentablemente, resolviendo un amparo en 10 meses.
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“¿Qué es lo que sigue a partir de ello? Que cause estado, ¿qué es que cause estado? Queda un último paso que es un recurso que se puede promover, como ya lo anunció en un boletín la Fiscalía, en contra de la sentencia, pero les doy un dato: amparos que hemos promovido contra las actuaciones de la Auditoria Superior del Estado, amparos que hemos promovido contra la ley de educación, todas las etapas de esos juicios de amparo han sido recurridas por el congreso, por la ASE, por los abogados de gobierno, y en todos les han dado para atrás”.
Respecto a las sentencias federales a favor de Lizárraga Otero y Madueña Molina, comentó les darán la razón.
Así, que en las formas de abordaje ante la situación se debe enfocar en todas las formas en que la universidad presenta persecución política: político, jurídico, mediático y presupuestal, debiendo continuar en la protesta; no descuidando aristas promoviendo juicios de amparo que se necesiten y acudiendo a lo que se sea convocado; y los espacios en medios de comunicación.
En la cuestión presupuestal, se comentó ni la infraestructura ni el cuerpo docente es suficiente para la demanda, siendo agotando todas las instancias que se puedan. También, que se presionará al gobierno estatal y federal para que cumplan con la obligación correspondiente, habiendo mejor relación a nivel federal, confiando en que se contribuya.
Además, añadió este 10 de marzo se vence el pago de la ficha de preinscripción, buscando la cobertura universal, debiendo prepararse para el próximo 15 de junio.