Irene González 

Culiacán, Sinaloa.- La revisión de los organismos de gobierno va en serio y a fondo porque lo que se busca es que el servicio público general sirva a la población, reducir el aparato burocrático y garantizar la austeridad que tanto se requiere en el país, afirmó el diputado José Antonio Crespo López. 

Afirmó que esto es otro paso gigantesco que va a venir a beneficiar a toda la sociedad mexicana como lo fue el caso de la desaparición de los corruptos fideicomisos con los que el pueblo de México se ahorró 60 mil millones de pesos para que el dinero que se disponía en los mismos llegue ahora directamente a los beneficiarios como las pensiones universales, becarios e investigadores. 

“En cambio yo les pregunto de gobierno del estado como el llamado Fondo del Ahorro de los Trabajadores es el supuesto propietario del edificio de la USE porque es el propio gobierno del Estado quien está haciendo una renta de ese mismo edificio y que también les paga el seguro a los agentes de investigación de la fiscalía general del Estado, nadie lo sabe”, expresó.  

El legislador local recordó que el presidente de la República anunció la eliminación de alrededor de 200 organismos del gobierno federal a fin de terminar con la duplicidad de funciones y de gastos, con lo que se lograría un ahorro un ahorro de entre 10 a 20 mil millones que se utilizaran en otras prioridades del país.  

Indicó que de acuerdo al anunció del mandatario de la nación la revisión va a iniciar con los órganos que no necesitan de una reforma legal y que fueron creados por el ejecutivo federal como es el caso del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) porque tiene las mismas funciones del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF). 

Sin embargo, el compromiso del presidente de la República es que ninguno de los trabajadores sea despedido.  

Posterior a esa revisión se analizarán los órganos autónomos para conocer cuántos existen y cuanto implica su costo a fin de determinar si se pueden trasladar sus funciones a otras dependencias todo ello mediante una reforma constitucional y en alguno de los casos del marco de los que estén bajos los tratados de libre comercio.  

Entre los cambios que se plantea es que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información podría incorporarse a la secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se podría integrar a la secretaria de Comunicación y Transporte.  

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