La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, desató polémica al recomendar una “prohibición total de viaje” desde naciones que, según sus palabras, “inundan el país de asesinos, sanguijuelas y adictos a los subsidios”, sin precisar a qué países se refiere. La funcionaria afirmó que su postura busca proteger a la ciudadanía estadounidense ante lo que considera amenazas crecientes.
En un mensaje publicado tras su reunión con el presidente Donald Trump, Noem aseguró que propuso bloquear la entrada de personas provenientes de “cada maldito país” que, a su juicio, esté contribuyendo al deterioro de la seguridad y los recursos nacionales. Aludió a que Estados Unidos fue construido por “sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad”, y rechazó la presencia de quienes —según ella— llegan para “masacrar héroes, agotar impuestos o arrebatar beneficios”.
Sus declaraciones coincidieron con la suspensión de todas las decisiones de asilo anunciada por Joseph B. Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), después de un tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca. El ataque, presuntamente cometido por un ciudadano afgano, dejó un muerto y motivó al USCIS a reforzar los procesos de revisión y evaluación de solicitantes.
Poco antes, el Departamento de Estado también había suspendido la emisión de visados para personas que porten pasaporte de Afganistán. Trump relacionó el tiroteo con la política migratoria al asegurar que el sospechoso llegó al país durante la administración de Joe Biden, tras la retirada militar de Afganistán y la toma del poder por los talibanes en 2021.
Además, Trump anunció desde Truth Social una prohibición total del tránsito aéreo sobre Venezuela y zonas aledañas, sin indicar una fecha para su conclusión. La medida, de aplicación inmediata e indefinida, amplía las restricciones en un espacio aéreo que Washington considera de alto riesgo por actividades ilícitas.
La disposición alcanza tanto a aerolíneas comerciales como a vuelos privados y aeronaves vinculadas a redes criminales. Según el mensaje oficial, el objetivo es asegurar que el espacio aéreo venezolano permanezca bajo supervisión exclusiva del gobierno estadounidense, reforzando el control sobre rutas susceptibles al tráfico de drogas y personas, aunque sin precisar cuánto tiempo se mantendrá esta política.
