Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La toma de casetas de peaje en el país pasó de ser un tema de protesta social a un negocio sumamente redituable que manejan grupos perfectamente organizados poniendo en riesgo la seguridad de millones de automovilistas que transitan diariamente por las carreteras y caminos nacionales, denunció en tribuna la diputada María Victoria Sánchez Peña.
La legisladora de Morena acusó que anteriormente se establecía una cuota voluntaria pero con el paso del tiempo esta se ha convertido en una cuota fija equivalente a un cobro de piso pues esa acción no es legal, situación por lo cual diversos medios de comunicación lo han señalado como huachicol carretero.
En este sentido afirmó que no busca enjuiciar ni denostar la toma de casetas cuando es por una causa justificada, sin embargo, cuando esto transita a beneficios de particulares o grupos minúsculos, ya es un problema, que debe resolverse de manera urgente.
Por ello a través de un posicionamiento hizo un llamado a las autoridades competentes para revisar el caso de las casetas de peaje tomadas en el Estado de Sinaloa, con la intención de salvaguardar el bienestar de los usuarios, y de evitar situaciones devastadoras y perjudiciales a la sociedad en general
“Esto es lo que señalo y quiero precisar que es lo que no debemos permitir, pues hay diversos señalamientos, que atribuyen también la toma de casetas en nuestro Estado, a diferentes grupos e intereses. Por ello, desde esta máxima tribuna, hago el llamado a las autoridades competentes, para que a la brevedad posible, busquen la solución inmediata a este problema”.
Explicó que desde hace más de 8 meses, en todo el país se encuentran tomadas un número importante de casetas en todo el país, sin que Sinaloa sea la excepción, representando esto pérdidas importantes a los ingresos de la nación y las entidades federativas.
Señaló que de acuerdo a diversos medios de comunicación detrás de la violencia en la toma de casetas en Morelos el pasado 23 de octubre, está vinculado el grupo delictivo Guerreros Unidos, que pagó aproximadamente mil 500 pesos a decenas de personas para tomar las casetas, llegando hasta la privación de la libertad de choferes de autobuses.