Tras la revisión de las cuentas públicas del 2024 de los 20 municipios, los tres poderes del estado y organismos descentralizados, la diputada María Teresa Guerra Ochoa afirmó que los dictámenes sean aprobatorios o reprobatorios, no representan un cierre definitivo del proceso de fiscalización, pues las observaciones de la Auditoría Superior del Estado deben recibir puntual seguimiento.
“En principio, los dictámenes, más cuando son reprobatorios, no significan que no se les dé seguimiento. Incluso ha habido casos en que una cuenta pública se aprueba y posteriormente se fincan responsabilidades a servidores públicos. Una de las más altas responsabilidades que tenemos como Congreso es garantizar que los recursos se ejerzan con honestidad y transparencia”, señaló.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política reconoció que se ha avanzado en materia de vigilancia y normatividad, aunque todavía falta perfeccionar mecanismos que aseguren mayor transparencia y un uso correcto del presupuesto público. “El dinero no es un recurso personal, es institucional, y tenemos la obligación de ser vigilantes de su ejercicio”, enfatizó.
Asimismo, destacó que la ciudadanía cuenta con canales para participar en la fiscalización, como la posibilidad de presentar quejas o solicitudes de revisión de manera anónima ante la Auditoría Superior del Estado.
Guerra Ochoa informó que cuatro municipios resultaron con cuentas públicas no aprobadas: Choix, Mocorito, San Ignacio y Escuinapa, además de algunos organismos autónomos. Aclaró que la mayoría de las observaciones corresponden a administraciones pasadas, pero insistió en que la aprobación de una cuenta no exime del cumplimiento de las observaciones pendientes.
“Puede darse el caso de que una cuenta aprobada derive en responsabilidades si no se cumplen las exigencias de la Auditoría, o que una cuenta reprobada se solvente posteriormente y cambie su estatus”, explicó.
Entre las irregularidades más frecuentes, la diputada mencionó deficiencias en los procesos de licitación, conflictos de interés, sobreprecios y comprobaciones fuera de norma. Recordó casos en los que adquisiciones se realizaron en establecimientos sin relación con los productos adquiridos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer controles.
Guerra Ochoa destacó que tanto la Auditoría Superior del Estado como la Auditoría Superior de la Federación han fortalecido sus mecanismos de control, incluso mediante el cruce de información con el SAT, lo que permite mayor rigor en la revisión de proveedores y facturas.
