Ante el incremento de feminicidios registrado en Sinaloa, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, expresó su profunda preocupación por la persistencia de crímenes contra mujeres, niñas y jóvenes.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, en el último año se han contabilizado 53 feminicidios, y los casos continúan, como el reciente asesinato de Mariana en un taller mecánico.
“La pena por feminicidio ya es alta, va de 30 a 65 años. El problema no es la sanción, sino la impunidad. Lo que necesitamos es que haya más detenciones, más castigos efectivos y menos inmunidad para los agresores”, señaló la legisladora.
Guerra Ochoa subrayó que el Congreso del Estado realiza esfuerzos desde el ámbito legislativo, pero es indispensable que las autoridades de seguridad pública —tanto estatales como federales— y las fiscalías refuercen su trabajo para garantizar justicia y protección a las víctimas.
“La violencia feminicida es una secuela de la violencia social que padecemos. Cuando se recrudece la narcoviolencia, también golpea a las mujeres. No se trata de estigmatizar, sino de reconocer que hay familias que están siendo afectadas sin tener nada que ver con estos contextos”, afirmó.
La diputada también destacó el cambio en los patrones de agresión: mientras que en años anteriores los feminicidios se cometían con golpes o ahorcamiento, actualmente las mujeres asesinadas han sido atacadas con arma de fuego, lo que refleja una escalada en la letalidad de la violencia.
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer el apoyo a las víctimas, garantizar atención integral a niñas y niños que quedan en situación de orfandad, y mantener un diálogo constante con las autoridades de seguridad para reducir la impunidad. “Más allá de las estadísticas, cada vida perdida duele. Y cada crimen que queda sin castigo, perpetúa el riesgo para todas”, concluyó.
