Irene González

Culiacán, Sinaloa.- En reunión de trabajo la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Sinaloa escucho este miércoles las propuestas de 6 autores universitarios de diversas iniciativas de reforma a la Ley Orgánica de la UAS.

En el marco del proceso legislativo para elaborar el anteproyecto de dictamen previo a la Consulta Universitaria inició esta mañana el calendario aprobado para recibir a iniciadoras e iniciadores de las 36 iniciativas presentadas ante el Congreso para reformar la citada ley.

Ante las y los integrantes de la Comisión expusieron Marco Antonio Medrano Palazuelos, Fausto González Jiménez, Óscar Omar Ibarra, José Arturo Nevárez Hernández, Guillermo Ibarra Escobar y Ana Luz Ruelas Monjardín, universitarios y universitaria autores de iniciativas que fueron escuchados en ese orden. También se permitió la participación del universitario Samuel Octavio Ojeda Gastélum.

Los iniciadores coincidieron en sus exposiciones al manifestar que la futura Ley Orgánica de la UAS debe asegurar el acceso igualitario de mujeres y hombres a los cargos universitarios por la vía democrática, pues el actual marco normativo es obsoleto y permite abusos.

Asimismo, acusaron amenazas y ser víctimas de abusos por parte de las actuales autoridades de la UAS, por lo que proponen promover la participación en condiciones de equidad en las decisiones de gobierno y en los distintos ámbitos de la vida universitaria, garantizando la paridad para que los propios universitarios puedan elegir a sus directivos y el rumbo del Alma Mater.

En la primera exposición, Marco Antonio Medrano Palazuelos dijo que la comisión de postulación permanente debe desaparecer porque actualmente es un filtro utilizado que obedece a un proyecto político de carácter externo a la UAS.

Afirmó que existe un desaseo financiero que está dañando a la Universidad por funcionaros que se han enquistado durante 18 años y que hacen feudos. “Es necesario recuperar la democracia, la transparencia real y la participación para que los universitarios puedan elegir a sus autoridades”, subrayó. 

Luego Fausto Alejandro González Jiménez y Óscar Omar Ibarra señalaron que la actual Ley Orgánica de la UAS es obsoleta y su interpretación ha permitido muchos abusos, por lo que su propuesta es modificar el artículo primero para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, así como la no discriminación a la mujer.

Posteriormente, José Arturo Nevárez Hernández afirmó que el actual marco normativo de la UAS es inconstitucional pues no está armonizada con los preceptos vigentes en el estado y la federación.

“En esencia la Ley actual fue promulgada en 2006 con dos modificaciones domésticas, siendo la última patética pues permitió la reelección de Juan Eulogio Guerra Liera”, dijo.

Expuso que su propuesta es que se garantice la paridad de género y la paridad universitaria para que las mujeres ocupen espacios en igualdad con los hombres y que estudiantes y maestros participen en la toma de decisiones.

Acusó que no existe la gratuidad de la educación superior y se administran recursos sin rendir cuentas a nadie, puesto que hay funcionarios en la UAS que se dan una vida de lujo que no coincide con el ingreso promedio de los universitarios, por lo cual propone candados para el uso de los recursos de la institución con transparencia.

Finalmente, Ana Luz Ruelas Monjardín y Guillermo Eduardo Ibarra Escobar precisaron la necesidad de hacer efectiva la paridad de género y el derecho de participación mediante el voto directo y universal en el nombramiento de rector y directores de escuela y facultades.

“El marco legal de la Universidad Autónoma de Sinaloa necesita una adecuación que haga posible armonizar la vida institucional con las reformas más recientes a nivel nacional y estatal en materia de educación, transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos, participación política y equidad de género”, expresó Ana Luz Ruelas.

Guillermo Ibarra destacó la necesidad de legislar para dotar al Tribunal Universitario de las facultades para que las decisiones más importantes de la Universidad puedan ser revisadas y resueltas conforme a derecho al interior de la institución para que exista una verdadera justicia universitaria.

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