Los funcionarios del condado de Los Ángeles aprobaron la declaración de un estado de emergencia local, con el objetivo de brindar asistencia a los residentes afectados por las recientes redadas de inmigración. La medida responde a las dificultades que enfrentan las personas para ir a trabajar y la obligación de algunos negocios de cerrar, según las declaraciones de las autoridades locales.
La declaración de emergencia permitirá que la Junta de Supervisores del condado brinde ayuda con el alquiler a los inquilinos que han quedado atrasados en sus pagos debido a la represión contra los inmigrantes. Además, esta acción puede activar fondos estatales para ofrecer asistencia legal y otros servicios a los afectados. La supervisora Lindsey Horvath presentó la moción en respuesta a un informe previo sobre posibles moratorias de desalojo y otras protecciones para las personas afectadas.
La medida surge tras el aumento de las redadas de inmigración en el condado de Los Ángeles este verano, impulsadas por la administración del presidente Donald Trump. La Junta de Supervisores votó 4 a 1 a favor de la proclamación de emergencia, destacando la necesidad de intervenir para mitigar los efectos negativos de estas acciones en las comunidades locales.
