La dictadura de Nicolás Maduro sentenció a 30 años de prisión a Marggie Orozco, médica venezolana de 65 años del estado Táchira, por un audio de WhatsApp en el que criticaba la crisis del país e invitaba a participar en las elecciones. La denuncia fue presentada por una integrante de los CLAP y el tribunal justificó la condena con cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, una muestra más del uso político del sistema judicial.
Orozco fue detenida el 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón y recluida inicialmente en una comisaría de la PNB. Un mes después sufrió un infarto en su celda, pero aun así fue trasladada al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, pese a su delicado estado de salud. Su esposo denunció que la falta de atención adecuada ha deteriorado gravemente sus condiciones físicas y emocionales.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron irregularidades en todo el proceso, desde la negación del derecho a la defensa hasta la ausencia de garantías básicas durante el juicio. Líderes políticos como el exgobernador de Táchira calificaron la sentencia como un acto de crueldad deliberada, especialmente al tratarse de una persona con historial médico delicado.
El caso de Orozco se suma a otros ejemplos recientes de persecución judicial en Venezuela, como el de dos jóvenes emprendedoras encarceladas por elaborar camisetas críticas al régimen tras ser contactadas por un agente encubierto. Activistas denuncian que estos “falsos positivos” buscan inflar cifras de supuestos delitos políticos y asegurar ascensos dentro de los cuerpos de seguridad.
La represión no se limita a los tribunales: el Estado venezolano opera un ecosistema de vigilancia digital que incluye aplicaciones oficiales como VenApp, capaces de recolectar datos personales y geolocalización bajo el pretexto de mejorar servicios públicos. Informes de IPYS Venezuela y Freedom House documentan prácticas sistemáticas de interceptación de comunicaciones y monitoreo de redes sociales.
Además, el chavismo ha incentivado mecanismos de delación dentro de las comunidades, desde líderes de los CLAP hasta usuarios de plataformas digitales. Esto ha difuminado la frontera entre lo público y lo privado, al punto de que cualquier mensaje o imagen en un chat puede convertirse en evidencia para perseguir políticamente a ciudadanos comunes.
El caso de Marggie Orozco y otros similares reflejan cómo la libertad de expresión en Venezuela se encuentra cada vez más amenazada por una combinación de vigilancia tecnológica, judicialización de la opinión y estructuras sociales de control. Este patrón se desarrolla en medio de una profunda crisis de derechos humanos y una casi inexistente pluralidad informativa, consolidando al país como uno de los más restrictivos en materia de libertades civiles en la región.
