La diputada Irma Moreno Ovalles y Paola Gárate Valenzuela manifestarón su acompañamiento y solidaridad con los productores sinaloenses y mexicanos que se han estado manifestando en las casetas de peaje para exigir precios justos y el pago de adeudos pendientes.
Señaló que el apoyo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consistente en una compensación de 750 pesos por tonelada de maíz, resulta insuficiente frente a la magnitud de la deuda. “Hoy vemos un mejoralito, pero no es la solución al problema. Son 660 millones lo que se les adeudan a los productores en los últimos dos ciclos agrícolas”, afirmó.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios en el Congreso advirtió que la falta de cumplimiento por parte de la Federación ha generado desesperación y abandono institucional: “No están en las carreteras por gusto, están por necesidad, por desespero y sobre todo por abandono”.
Recordó que los adeudos pendientes ascienden a más de 443 millones de pesos por coberturas, además de compromisos incumplidos con trigueros y otros sectores.
Por su parte, la diputada Paola Gárate Valenzuela expuso datos oficiales que reflejan la crisis del campo sinaloense. Señaló que entre 2022 y 2026 se han perdido más de 25 mil empleos eventuales agrícolas, al pasar de 71 mil trabajadores registrados en el IMSS a solo 45 mil.
Además, citó cifras del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), que revelan que México importó 950 mil toneladas de maíz blanco en 2025, un incremento del 313% respecto a 2024, consolidándose como el mayor importador mundial de maíz.
Advirtió que, aun con el apoyo prometido, el ingreso estimado para los productores sería de 5,400 pesos por tonelada, cuando el costo de producción ronda los 5,600 pesos, lo que implica pérdidas para el sector. “Este movimiento ha despertado el total apoyo de la sociedad sinaloense y ha demostrado la ineptitud, la lentitud y la ineficacia del gobierno federal”, expresó.
Ambas legisladoras coincidieron en que la situación representa una catástrofe económica para las familias campesinas y para la seguridad alimentaria del país, al poner en riesgo la continuidad de la producción y el abasto de granos básicos.
