En medio de crecientes presiones y sanciones impulsadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) por las investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra en Israel, la primera jueza mexicana en la CPI, Socorro Flores, llamó a México a defender al tribunal y a mantener una postura firme en favor del respeto a su mandato. La magistrada advirtió que estos ataques buscan debilitar a una institución creada para investigar crímenes graves cuando los sistemas nacionales no actúan.
Flores subrayó que el sistema multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa una crisis, en un contexto donde proliferan cuestionamientos al derecho internacional. Aunque reconoce la gravedad del momento, enfatiza que las normas siguen vigentes y que su relevancia se demuestra precisamente en la intensidad del debate que generan. El reto, dijo, es preservar el marco internacional vigente y garantizar que las instituciones continúen funcionando.
La jueza advirtió que las sanciones contra la CPI representan un intento directo de socavar su independencia. Señaló que estas medidas no solo buscan intimidar a jueces y fiscales, sino también a quienes apoyan al tribunal, lo que afecta a millones de víctimas que dependen de esta instancia para acceder a la justicia. Recalcó que la CPI opera con reglas claras avaladas por 125 Estados parte.
En este contexto, Flores destacó que México ha sido históricamente un actor comprometido con la Corte, y recordó que el país incluso ha manifestado su apoyo en foros multilaterales. Consideró fundamental que México mantenga esta postura, especialmente alzando la voz junto con otros Estados parte para reforzar la legitimidad del tribunal y proteger su autonomía frente a presiones externas.
La magistrada insistió en la necesidad de que México dé un paso adicional: armonizar su legislación con el Estatuto de Roma para facilitar la cooperación plena con la Corte. Explicó que todos los países que ratifican este tratado adquieren la obligación de adaptar sus leyes internas para apoyar eficazmente el trabajo del tribunal y fortalecer sus propios sistemas jurídicos.
Al referirse a la ejecución de órdenes de detención, Flores recordó que los crímenes bajo jurisdicción de la CPI —como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad— son imprescriptibles. Aseguró que las órdenes emitidas, como las que pesan sobre líderes como Benjamin Netanyahu o Vladimir Putin, no caducan y deben cumplirse tarde o temprano.
La jueza también subrayó la importancia universal de contar con sistemas judiciales independientes e imparciales. Señaló que la confianza pública y la capacidad de garantizar una convivencia armónica dependen de que los jueces actúen libres de influencias, con altos estándares profesionales y morales. En el caso de la CPI, los mecanismos de selección buscan precisamente asegurar esta integridad.
Finalmente, Flores consideró que, pese a la crisis del multilateralismo, la Corte Penal Internacional es una institución sólida que ha acumulado logros relevantes en sus 25 años de operación. Destacó que el futuro del tribunal depende de la cooperación de los Estados parte, pero reafirmó que quienes integran la Corte están comprometidos con el mandato que la comunidad internacional les confirió.
