El fallecimiento de Paloma Nicole Arellano, una joven de 14 años que murió tras presuntas complicaciones derivadas de una cirugía estética en Durango, reabrió el debate sobre las operaciones de este tipo en menores de edad. En México, la ley no establece una edad mínima para realizar procedimientos estéticos, lo que deja un vacío legal preocupante. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), el país ocupó en 2020 el octavo lugar mundial en cirugías de aumento de busto en menores de 18 años, un dato que refleja la magnitud del problema.
Especialistas advierten que las intervenciones estéticas en adolescentes implican riesgos físicos y emocionales considerables, ya que sus cuerpos aún están en desarrollo. El cirujano plástico Óscar Gustavo Díaz Moya señala que las implantaciones mamarias tempranas aumentan la probabilidad de complicaciones, pues los implantes deben reemplazarse cada diez años, exponiendo a las pacientes a múltiples cirugías a lo largo de su vida. A ello se suman los peligros de infecciones, sangrados, pérdida de sensibilidad y reacciones inmunológicas como el síndrome de ASIA, e incluso la posibilidad de desarrollar linfoma anaplásico de células gigantes.
Por su parte, el cirujano pediátrico Roberto Miguel Damián Negrete considera que estas operaciones deberían estar prohibidas en menores. Ambos especialistas coinciden en la necesidad de evaluaciones psicológicas previas, ya que muchos casos están vinculados con la presión social, el acoso o la dismorfia corporal. “El problema es que, al no existir una prohibición explícita, el vacío legal se interpreta como permiso”, advirtió el pediatra y abogado Eduardo Almanza Madariaga.
Aunque la Ley General de Salud exige que toda cirugía sea realizada por un especialista certificado en establecimientos con licencia sanitaria, los expertos coinciden en que la aplicación de esta norma es deficiente, sobre todo cuando se trata de menores. En cuanto al consentimiento informado, los adolescentes no pueden firmarlo legalmente; la autorización debe ser otorgada por sus padres o tutores, explica el abogado y médico Mauricio Sarmiento, quien subraya que en caso de padres no divorciados, ambos deben aprobar el procedimiento.
El marco jurídico establece que debe primar el interés superior del menor, pero no existe un método regulado para determinar su madurez emocional o capacidad de decisión. Aun cuando las leyes sanitarias son amplias, los especialistas coinciden en que el principal problema es la falta de vigilancia y sanción ante las malas prácticas. “O quien opera no tiene credenciales, o el lugar donde se realiza es deficiente”, advierte Sarmiento.
El jurista Ricardo Juanes, experto en derecho comparado por la NYU, añade que la ausencia de supervisión estatal deja en vulnerabilidad a los menores. A su vez, Damián Negrete insiste en que solo cirujanos pediátricos certificados deberían intervenir a este grupo etario, y pide extender la regulación a otros procedimientos como las cirugías bariátricas.
Tras la muerte de Paloma Nicole, el Senado y algunos congresos locales comenzaron a discutir reformas para prohibir las cirugías estéticas en menores de edad. “Una ley no va a impedir que un paciente se muera, pero seguir los protocolos médicos y las normas oficiales sí puede salvar vidas”, concluye Almanza.
