El Gobierno de México ordenó la suspensión de operaciones de 13 casinos, tanto físicos como virtuales, tras detectar presuntas actividades de lavado de dinero y evasión fiscal. La medida surge de una investigación conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con apoyo de agencias internacionales como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que los establecimientos operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y que mantenían flujos financieros hacia países como Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos. Según el funcionario, las investigaciones revelaron operaciones fiscales simuladas, movimientos inusuales y conexiones transnacionales que ponían en riesgo la integridad del sistema financiero mexicano.
García Harfuch explicó que los casinos reportaban operaciones en efectivo y declaraciones en ceros, mientras transferían grandes sumas al extranjero mediante plataformas no supervisadas. Ante estos hallazgos, el gobierno federal anunció una nueva fase de prevención financiera basada en inteligencia artificial y modelos predictivos, diseñada para detectar comportamientos sospechosos antes de que causen daño económico. “Avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente”, afirmó el secretario.
Las medidas inmediatas incluyen la suspensión de actividades, el bloqueo de páginas web y cuentas bancarias asociadas, así como la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con estas acciones, el gobierno busca frenar un esquema que habría permitido a los casinos blanquear millones de pesos a través de estructuras financieras complejas.
La procuradora fiscal Gisel Galeano explicó que los operadores de los casinos usaban de manera fraudulenta datos bancarios de ciudadanos comunes, especialmente jóvenes, amas de casa y jubilados, para mover dinero sin su conocimiento. “Se usaban sus cuentas o tarjetas prepagadas para hacer apuestas con dinero de procedencia desconocida; las supuestas ganancias eran enviadas al extranjero de inmediato”, detalló. Posteriormente, los fondos regresaban a México disfrazados como ingresos legales o empresariales, en un ciclo de lavado repetido miles de veces.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que esta operación forma parte de una estrategia integral de seguridad, centrada en seguir la ruta del dinero para debilitar las estructuras financieras de los grupos criminales. Señaló que la cooperación entre la UIF, el Sistema Nacional de Inteligencia y las agencias internacionales será clave para fortalecer la vigilancia de las finanzas ilícitas.
Finalmente, Sheinbaum aclaró que no se revelarán los nombres de los casinos mientras las investigaciones sigan en curso. Sin embargo, adelantó que su gobierno impulsa una reforma legal para regular los casinos digitales, un sector que ha crecido aceleradamente sin supervisión. “Hoy existen muchísimos casinos que operan en redes sociales y plataformas. La ley debe actualizarse, porque cuando se hizo no existían de esta manera, y eso abre la puerta al lavado de dinero”, advirtió.
