Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mónica Güicho González, destacó la importancia de que las y los ciudadanos salgan a votar el próximo 01 de junio para decidir por primera vez por ministros, jueces y magistrados en el país.
De visita en Sinaloa para disertar la conferencia “Reforma Judicial y Derechos” en la escuela Libre de Derecho, dijo que se trata de un escenario inédito que se ha establecido en principio a partir de un marco constitucional aprobado y vigente en el que ya cobran relevancia la regulación secundaria a cargo del INE.
La ex magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por 10 años dio a conocer que en noviembre del año pasado se separó del cargo para estar en condiciones de contender como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Decidí entrar con el 100 por ciento de mi tiempo y además con un sentido de congruencia para evitar el mal uso de recursos que pudieran haber sido señalado si me hubiera quedado en el encargo, a estas alturas creo que soy la única participante que renunció al puesto”, dijo.
La egresada de la escuela Libre de Derecho, Güicho González mencionó que en la lista que emitió la presidencia de la república para este cargo participan 33 mujeres incluyéndola a ella, compiten por 5 posiciones y por la lista de varones son 33 que compiten por 4 posiciones.
Destacó que es la única mujer sinaloense en el país que busca esta posición y si en un momento sus aspiraciones se cristalizaran sería la primera ministra sinaloense en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La corte por primera vez en México estará integrada de forma paritaria por 5 mujeres y por 4 varones y eso es importante porque durante los 200 años que tiene la corte solo hemos tenido 15 mujeres ministras frente a 500 ministros varones”, destacó.
La ex contralora general de la Universidad de Occidente de Sinaloa indicó que las campañas iniciarán el próximo domingo 30 de marzo y tendrán que hacer promoción en las redes sociales porque está prohibida la contratación de pautas o medios de publicidad.
Entre las restricciones de este proceso de elección de los impartidores de justicia es que no se cuenta con recursos públicos para las candidaturas y no está autorizada la intervención de los partidos políticos porque su eje fundamental es la ciudadanización del Poder Judicial.