Los grupos parlamentarios de Morena y el PRI reconocieron la labor fiscalizadora de la Auditoría Superior del Estado, y reafirmaron las facultades del Congreso del Estado de Sinaloa de aprobar presupuestos y también de fiscalizar e impulsar la transparencia, así como combatir la corrupción en los entes públicos.
Por su parte, el grupo parlamentario del PAS cuestionó que hay irregularidades en las cuentas presentadas por el poder Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, el diputado Sergio Mario Arredondo Salas, abrió la ronda de intervenciones y manifestó que es absurdo, prepotente y oscuro que haya quienes buscan una interpretación de la ley, que los exima de la legítima exigencia de una sociedad de conocer qué se hace con su dinero.
Subrayó que nada ni nadie, está por encima del derecho ciudadano de la rendición de cuentas. “Quienes se alejen –agregó- de este compromiso de respeto a la sociedad, tendrán en el tiempo la respuesta de la ley, pero el juicio de la sociedad es siempre inmediato”.
Los posicionamientos los hicieron este lunes durante la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Emma Guadalupe Félix Rivera, quien presentó los resultados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del año fiscal 2022.
En la comparecencia, que tuvo lugar en el salón Constituyentes de 1917, el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta habló a nombre del grupo parlamentario de Morena, y resaltó que por primera vez en la revisión y fiscalización de las cuentas públicas se da el caso de que hay un ente, que es la UAS, que se negó a ser auditado, a transparentar el recurso público.
Las autoridades de esta universidad, dijo, están violando la ley un día sí y al otro también, cuando constitucionalmente están obligadas a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Con el pretexto de que ya le audita la Auditoría Superior de la Federación, expuso, las autoridades de la UAS se niegan a que la Auditoría Superior del Estado les fiscalice.
La fiscalización procede, afirmó, porque esta institución cobra cuotas, exámenes y otros servicios, y los ingresos por estos rubros deben ser transparentados.
Incluso observó que hay ciudadanos que han solicitado una auditoría específica de los años del 2019 al 2022, que implica revisar un total sumado de casi dos mil millones de pesos.
Es esta cantidad, precisó, la que no se quiere transparentar, pese a que existe la presunción de compras irregulares de tortillas, pollos y otras cosas.
El Congreso del Estado está obligado a la transparencia y a respaldar a la ASE para que culmine el proceso, se castigue a los corruptos y se les inhabilite para que ya no puedan seguir haciendo daño a la sociedad, dijo.
Por parte del grupo parlamentario del PRI habló la diputada Cinthia Valenzuela Langarica, quien advirtió que de los resultados presentados por la ASE se desprende que persisten irregularidades. Ante ello, puntualizó que el Congreso del Estado es el que asigna recursos, pero aclaró que también tiene la facultad de fiscalizar esos recursos, y puntualizó que no debe quedar ninguna duda de ello.
“El combate a la corrupción –afirmó– es un reclamo constante de la sociedad que no se siente satisfecha con el uso que los entes públicos hacen respecto al ejercicio de los recursos”.
Por eso, puntualizó, la fiscalización de las cuentas públicas es una de las principales y más relevantes funciones constitucionales que tiene este poder Legislativo.
“La rendición de cuentas es nuestra obligación, de la que nadie podemos estar exentos”, precisó. La diputada Alba Virgen Montes Álvarez, habló a nombre del grupo parlamentario del PAS, y puntualizó que centraría su participación en la cuenta pública del Gobierno del Estado.
Precisó que hay pasivos sin fuente de pagos y no etiquetados que suman la cantidad aproximada de mil 923 millones de pesos. Asimismo, se identifican 411 resultados obtenidos de los cuales 53 contienen observación de parte de la ASE.
Observó que en la asignación de contratos de obras públicas el 70. 90 por ciento del total de contratos se adjudicaron directamente; el 1.59 por ciento por invitación y el 27 .51 por ciento del total de contratos se adjudicó por licitación pública.
Asimismo, dijo que siguen existiendo deudas considerables con el IPES, ISSSTESIN, SNTE, STASE y el Fondo de Ahorro de los Trabajadores.
Sin embargo, reconoció que el PAS entiende que en el proceso de revisión y fiscalización se está en una etapa de aclaraciones y en tal sentido el gobierno del estado tiene las condiciones de aclarar todas las observaciones que formula la ASE.
Por su parte, la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix, señaló que para consolidar la democracia y la gobernabilidad se requiere el cumplimiento ético de las obligaciones y deberes públicos.
Explicó que en la revisión y fiscalización del año fiscal 2022 se realizaron 41 auditorías financieras, tres auditorías financieras con enfoque al desempeño y 10 auditorías sobre el desempeño.
Aseguró que coadyuvar en la lucha contra la corrupción e impunidad a través de la fiscalización superior, es un deber constitucional y legal para la Auditoría Superior del Estado.
Además de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, también hubo una ronda de preguntas para las diputadas y diputados, a las que estuvo dando respuesta la titular de la ASE.