Tres mujeres sobrevivientes de tortura —Kassandra Treviño, Jennifer Campillo y Jessica Ortega— iniciaron una huelga de hambre frente a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, exigiendo que el Gobierno de Tamaulipas cumpla con la Recomendación 173VG/2024 de la CNDH, relativa a la reparación integral y el acceso a la justicia. Las tres fueron torturadas el 5 de septiembre de 2019, durante un operativo en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, donde también fueron ejecutadas extrajudicialmente ocho personas por elementos de la Policía Estatal y el Ejército Mexicano.
Aunque en un principio el gobierno estatal reportó que las víctimas murieron en un enfrentamiento, una investigación posterior desmintió la versión oficial, demostrando que se trató de un montaje y que los hechos constituyeron graves violaciones a los derechos humanos. Pese a las pruebas y testimonios, las autoridades de entonces, encabezadas por Francisco García Cabeza de Vaca e Irving Barrios Mojica, emprendieron una campaña de criminalización contra las víctimas y sus familias, perpetuando la impunidad del caso.
Las mujeres en huelga, junto con los familiares de los ejecutados, han solicitado audiencias con el actual gobernador Américo Villarreal Anaya desde 2023, sin obtener respuesta. También denuncian el incumplimiento de otras recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), entre ellas la 06/2023, por actos de tortura en el penal de Altamira, y la 04/2022, por la detención arbitraria de tres periodistas en Nuevo Laredo.
Las manifestantes exigen que el gobierno estatal asuma su responsabilidad, cumpla las recomendaciones pendientes y garantice reparación integral y justicia a las víctimas de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su apoyo a la huelga, señalando que el caso refleja la persistencia de la impunidad y la violencia institucional en Tamaulipas.
