La Asociación de Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), encabezada por Olga Zazueta y Florina García Borges, acudió al Congreso del Estado para solicitar el respaldo de las y los diputados ante lo que consideran una ofensiva institucional por parte del rector Jesús Madueña Molina y el Consejo Universitario.
El motivo central: la propuesta de descontar entre el 5% y el 25% del salario a jubilados, y la amenaza de suspender pagos en caso de que estos interpongan demandas legales.
Descuentos injustificados: La propuesta de reingeniería financiera busca retener parte del ingreso de jubilados para financiar prestaciones de trabajadores activos recientes. Los afectados consideran esto una violación al artículo 14 constitucional y a derechos adquiridos mediante contrato colectivo.
Los jubilados denunciaron que el rector habría instruido a directores universitarios a proponer que quienes demanden judicialmente sean privados de su salario hasta que se resuelva el litigio, lo cual podría tardar años.
Los jubilados aseguran que no fueron convocados formalmente a la presentación de la propuesta de reingeniería, y que el evento fue una “simulación” con asistentes previamente alineados con la administración.
Se acusó al Suntuas académico y administrativo de actuar como “sindicatos charros”, alineados con la patronal y sin defensa real de los trabajadores.
Se cuestionó la legalidad del consejo, señalando que la Ley Orgánica aprobada en octubre de 2024 eliminó su existencia y estableció que los directores debían elegirse por voto secreto. Sin embargo, el rector se reeligió sin renunciar y bajo condiciones que los manifestantes califican de fraudulentas.
Se subrayó que muchos jubilados dependen completamente de su salario para medicamentos y sustento, y que hay cerca de 6,000 jubilados afectados, entre docentes y administrativos.
Los manifestantes pidieron que el Congreso del Estado, y en particular la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Tere Guerra, se pronuncien y actúen para frenar lo que consideran una política aberrante y violatoria de derechos humanos y laborales.
Solicitan que se garantice el respeto a sus ingresos, se detengan las amenazas, y se revise la legalidad de las decisiones del Consejo Universitario.
