Albaro Sandoval
Mazatlán, Sinaloa.- No es viable que el Gobierno del Estado destine recursos presupuestales directos a las 121 Instituciones de Asistencia Privada (IAP) que operan en los 20 municipios, afirmó Roque Mascareño Chávez, presidente de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa.
Subrayó que las instituciones trabajan bajo estrictos procesos de supervisión y transparencia, con el objetivo de garantizar que cada aportación realizada por empresas y ciudadanía llegue íntegramente a los beneficiarios y se evite cualquier mal uso de los recursos.
El dirigente explicó que las IAP atienden causas muy específicas y casos particulares que por su naturaleza no siempre pueden ser cubiertos con recursos públicos, ya que el Gobierno debe concentrar su presupuesto en áreas prioritarias como educación, seguridad y salud pública.
“No es viable porque el Gobierno ataca sectores muy identificados, muy presupuestados. Casos tan particulares no tiene la mano para llegar a ellos. Tratamos de que en el proceso de todas las instituciones no haya mano negra, no haya nada de qué pensar, de que todo lo que está dando una empresa llegue a las personas”.
Detalló que el Gobierno de Sinaloa sí asigna presupuesto para cubrir la nómina del personal de la Junta de Asistencia Privada, organismo que se encarga de supervisar, asesorar y acompañar a las 121 asociaciones distribuidas en todo el estado, pero no para financiar directamente la operación de cada una de ellas.
El presidente de la Junta destacó la importancia de visibilizar el trabajo que realizan estas organizaciones sin fines de lucro, muchas de las cuales surgieron a partir de experiencias personales o problemáticas específicas que motivaron a ciudadanos a emprender proyectos de ayuda social que se han mantenido activos durante años.
En ese contexto, informó que se llevó a cabo una Expo Instituciones en la Universidad Autónoma de Occidente, campus Mazatlán, con el propósito de dar a conocer la labor de las IAP y fomentar que estudiantes las consideren como una opción para realizar su servicio social o prácticas profesionales, fortaleciendo así el vínculo entre la sociedad civil organizada y la comunidad universitaria.
