En medio del cierre del gobierno y de tensiones crecientes, millones de estadounidenses se preparan para una segunda ronda de protestas bajo el lema “No Kings”, convocadas para este sábado en más de 2,500 ciudades del país. Estas manifestaciones buscan rechazar lo que los organizadores describen como la agenda “autoritaria” del presidente Donald Trump, quien recientemente ha impulsado medidas polémicas y un mayor despliegue de fuerzas federales en distintas ciudades.
Las protestas surgen después de meses de creciente descontento. Durante su segundo mandato, Trump ha emitido cientos de decretos que afectan derechos de migrantes, personas transgénero y movimientos estudiantiles, además de desmantelar programas de inclusión. La tensión aumentó cuando el mandatario federalizó la Guardia Nacional de California sin el consentimiento del gobernador, lo que expertos calificaron como un abuso de poder. Ahora, los manifestantes planean acciones pacíficas en todo el país, pese a las advertencias del gobierno y a la presencia militar en algunas ciudades.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de soldados en Austin, medida que fue condenada por líderes demócratas como un intento de intimidar a los manifestantes. Desde la organización Indivisible Project, impulsora de las protestas, se han impartido capacitaciones sobre seguridad y derechos civiles. Su codirectora, Leah Greenberg, aseguró que los grupos están preparados en caso de que el gobierno intente reprimir las manifestaciones. “Esperamos que millones de personas se unan para oponerse al autoritarismo y defender sus derechos”, declaró a CNN.
Expertos advierten que las protestas podrían servir de pretexto para nuevos despliegues militares. Elizabeth Goitein, del Centro Brennan para la Justicia, alertó que un memorando previo permite enviar tropas incluso ante protestas pacíficas, lo que calificó como “un ataque directo a la Primera Enmienda”. A su juicio, cualquier incidente violento podría ser usado por la administración para justificar una mayor presencia militar en las calles.
El cierre del gobierno continúa afectando a miles de trabajadores federales, mientras algunos republicanos culpan a las protestas de agravar la crisis. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que el paro podría prolongarse hasta después de las manifestaciones. Ante ello, Greenberg respondió que las protestas fueron planeadas desde septiembre y que son una “expresión legítima del descontento ciudadano”, no una distracción política.
Las autoridades locales, como la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, consideran las protestas una oportunidad para defender la autonomía de las ciudades frente a las medidas del Ejecutivo. Trump, en represalia, amenazó con retirar la sede de la Copa Mundial de la FIFA de Massachusetts, aunque carece de autoridad para hacerlo. Wu respondió que su ciudad seguirá siendo un bastión de resistencia cívica frente a los abusos federales.
La organización Indivisible, fundada por Leah Greenberg y Ezra Levin en 2016, coordina miles de grupos en todo el país y ha sido blanco de ataques del gobierno. Trump y sus aliados han acusado a la red de recibir fondos del filántropo George Soros, aunque Greenberg sostiene que su movimiento es “plenamente estadounidense” y que continuará ejerciendo sus derechos constitucionales. “Somos conscientes de los intentos de silenciar a la oposición —afirmó—, pero seguiremos adelante defendiendo la libertad y la democracia”.
