Irene González
Culiacán, Sinaloa.- Por haberse acreditado que se ejerció violencia política en razón de género y acoso laboral en su contra, el Tribunal Electoral de Sinaloa ordenó al alcalde Guillermo Benítez Torres y funcionarios de la administración ofrecer una disculpa pública a la síndica procuradora Elsa Isela Bojórquez Mascareño en la primera sesión de cabildo que se realice después de que se notifique la presente resolución.
En la sentencia emitida por el órgano electoral durante la sesión virtual realizada este viernes y que fue votada por unanimidad de los magistrados se pide que se mantengan las medidas de protección ala servidora pública hasta que en tanto se confirme que se encuentra libre de cualquier riesgo.
La sindica procuradora de Mazatlán, Isela Bojórquez Mascareño promovió ante el órgano electoral un juicio para la protección de los Derechos Políticos del Ciudadano en contra del presidente municipal y diversas autoridades del municipio por ejercer violencia política en su contra y acoso laboral.
En la sentencia se ordena que se vincule el caso al Instituto Sinaloense para que continúe brindando la ayuda necesaria a la actora y para que en coordinación con el ayuntamiento realice tareas de sensibilización como curso, talleres y seminarios respecto a la violencia política contra con las mujeres en razón de género a los funcionarios y funcionarias del ayuntamiento de Mazatlán.
El Tribunal Electoral también ordenó al presiente municipal, a la comisión de Gobernación, al tesorero municipal, al oficial mayor, al director de recursos humanos, al titular del órgano interno de control y al gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado que de manera inmediata se abstengan de obstaculizar el pleno ejercicio del cargo de la síndica procuradora.
También se les pide a estas autoridades municipales de Mazatlán que proporcionen toda la información, documentación y recursos necesarios para que la síndica procuradora desempeñe de manera efectiva el cargo de elección popular que ostenta.
“El proyecto propone estimar fundar los agravios vertidos por la actora en razón de que el análisis de los hechos atribuidos a los funcionarios municipales se lograron acreditar con base a las prueba ofrecidas en el juicio diversas irregularidades que impiden el debido ejercicio del cargo de sindica procuradora para el que fue electa”.
En el mismo se establece que a la síndica se le ha obstruido en el ejercicio de sus facultades para llevar a cabo revisiones y auditorías a las dependencias paramunicipales, se la ha impedido el ejercicio del presupuesto de egresos autorizado para la consecución de sus fines e incluso el órgano interno de control que debe coordinar su trabajo con la síndica procuradora es omiso en atender sus solicitudes.