La organización civil México y el Mundo Vapeando denunció que la reciente reforma a la Ley General de Salud, que sanciona todas las actividades relacionadas con vaporizadores, dejará en manos del crimen organizado la distribución y venta de al menos cinco millones de dispositivos mensuales. Su presidente, Juan José Cirión Lee, lamentó que los legisladores consumaran la prohibición del vapeo pese a la evidencia científica internacional que reconoce estos productos como alternativas menos dañinas que el tabaco convencional.
Cirión Lee advirtió que la reforma únicamente formaliza lo que ya ocurre en espacios públicos: la operación abierta de grupos criminales que han tomado el mercado de vaporizadores. Señaló que la prohibición no reducirá el consumo y, por el contrario, facilitará el acceso de menores a estos dispositivos al fomentar su venta clandestina. Además, sostuvo que la medida contradice políticas de países como Francia o Reino Unido, donde los vapeadores se usan para combatir el tabaquismo.
El representante del colectivo aseguró que México se convierte así en el país con la mayor restricción jurídica del mundo respecto a los vaporizadores, mientras que otras naciones de la región, como Chile, Perú y Colombia, avanzan hacia regulaciones para productos de riesgo reducido. Para él, la decisión legislativa inhibe alternativas de salud pública y fortalece mercados ilícitos.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma y pidió a los estados aplicar medidas para impedir la venta de vapeadores y evitar la expansión del mercado negro. Afirmó que estos dispositivos pueden ser incluso más dañinos que los cigarros tradicionales y anunció una campaña informativa para alertar a la población sobre sus riesgos.
Sheinbaum también cuestionó la idea extendida de que el vapeo es una alternativa segura al tabaco, insistiendo en que su uso representa un riesgo significativo para la salud. Sus declaraciones se suman a la postura del gobierno federal para justificar la prohibición total aprobada por el Congreso.
El 10 de diciembre, el Senado culminó la prohibición integral del vapeo con 76 votos de Morena y el Partido Verde, avalando la minuta proveniente de la Cámara de Diputados. La reforma establece penas de uno a ocho años de cárcel y multas de hasta 226 mil 280 pesos para quienes fabriquen, comercialicen, distribuyan o promocionen vapeadores y cigarrillos electrónicos, configurando el marco legal más estricto del mundo en esta materia.
