La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) Lucía Mimiaga y la directora de Iniciativa Ciudadana, Marlene León, alzaron la voz en contra de la reciente aprobación legislativa que encamina la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP). Las activistas calificaron el proceso como un albazo legislativo realizado «en lo oscurito» y de espaldas a la ciudadanía.
Marlene León denunció que el Congreso de Sinaloa optó por una aprobación de manera apresurada o «fast track», omitiendo la participación de la sociedad civil que durante seis meses buscó establecer un parlamento abierto.
La presidenta de Iniciativa Sinaloa acusó que los legisladores estuvieron en omisión desde junio y prefirieron aprobar la reforma de manera discrecional, incluso adelantándose a la hora prevista para la sesión con el fin de evitar el escrutinio público.
«Prefirieron omitir la participación ciudadana y aprobar esta reforma en lo oscurito; prácticas que se hacían antes y que nuevamente las estamos viendo», señaló León, advirtiendo que esto vulnera el derecho fundamental de acceso a la información pública.
La preocupación central de las organizaciones es que las funciones de transparencia pasen a manos de la Secretaría de Transparencia del Poder Ejecutivo.
Las activistas señalaron que el propio gobierno será quien decida si entrega o no la información solicitada, eliminando la figura de un órgano garante independiente. Advirtieron que para 2026 no habrá claridad sobre el ejercicio de dos créditos que suman 4,500 millones de pesos.
Por su parte, Lucia Mimiaga destacó que el Congreso ignoró dos iniciativas de reforma ciudadana trabajadas por organizaciones como la Red Ciudadana Anticorrupción y el CPC. Dichas propuestas buscaban que el nuevo organismo fuera descentralizado y que la ciudadanía participara en la designación de sus titulares para garantizar la imparcialidad.
«Es una vergüenza porque hicimos nuestro trabajo como ciudadanos… y ni siquiera nos escucharon», lamentaron, tras reiterar que el estado entra en un «limbo» y un vacío de información gravísimo ante la falta de un ente que obligue a las autoridades a rendir cuentas.
La reforma podría limitar el acceso a datos sobre investigaciones de casos de corrupción, los cuales ahora podrán ser clasificados con mayor facilidad por el gobierno. Señalaron que la Secretaría de Transparencia no cuenta con la capacidad técnica para absorber todas las funciones que realizaba el órgano autónomo.
