Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La diputada María Victoria Sánchez Peña solicitó al Supremo Tribunal de Justicia cumpla de manera puntual con lo que señala la normatividad y se informe de manera amplia y detallada a todos los diputados los ingresos y egresos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Sinaloa.
La legisladora señaló que de acuerdo a la Ley Orgánica para la operación de este fondo en su artículo sexto fracción tercera obliga a sus administradores informar al Congreso del Estado dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, la cuenta justificada de los ingresos, inversiones y erogaciones efectuadas.
Apuntó que el fondo para la Administración de Justicia al mes de abril del presente año tenía activos por más de 500 millones de pesos y aunque si bien, existe información sobre el manejo de los recursos en el portal de internet del poder judicial, resulta insuficiente y poco clara, dado que, no se detalla con exactitud los conceptos de los recursos que se ingresan.
“No se detalla cuánto ingresa por concepto de multas de los Tribunales, cuánto por concepto de pagos por libertad provisional, cuánto por objetos materia del delito que no son reclamados, cuánto por los montos provenientes de los depósitos por reparación del daño que la parte ofendida que renuncia a ellos, etcétera”.
Agregó que la ley citada establece en sus artículos 7 y 9 los objetivos de financiamiento que debe cumplir el fondo, pero en el informe presentado en internet por el Poder Judicial no se establece de manera amplia y detallada en qué se está gastando, y quienes son los beneficiarios.
Sánchez Peña dijo que la responsabilidad del Supremo Tribunal de Justicia va más allá de la rendición de cuentas, ya que la propia Ley del Fondo estipula que no basta con que se informe mensualmente sobre la administración de los recursos, sino que la utilización de los remanentes debe pasar por un procedimiento en el que el Poder judicial debe realizar la solicitud de autorización por parte del Congreso del Estado de Sinaloa, debiendo incluir una propuesta para la aplicación y erogación de dichos dineros.