Redacción
Culiacán, Sinaloa.- Académicos, ambientalistas y ciudadanos por la protección y preservación del medio ambiente se pronunciaron por la creación de una Procuraduría estatal de Protección al Ambiente, con capacidad para investigar y sancionar delitos, y cuyo marco legal le permita coordinarse con sus similares municipales, federal y estatal.
El Foro fue organizado por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, del Congreso del Estado de Sinaloa, que preside la diputada Roxana Rubio Valdez, quien fungió como moderadora, y se llevó a cabo en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente.
Como expositor principal se tuvo al procurador de Protección al Ambiente del estado de Quintana Roo, Miguel Ángel Nodal Novelo.
En su exposición, presentó las funciones y estructura administrativa de la dependencia que encabeza, y resaltó que ya son 21 las entidades federativas que tienen una Procuraduría de Protección al Ambiente.
Entre las funciones, citó la vigilancia del cumplimiento de disposiciones legales, recibir denuncias y realizar investigaciones de oficio o en atención a denuncias, así como brindar asesorías y realizar visitas de inspección y verificación, y llevar a cabo clausuras o suspender obras, licencias de usos de suelo, entre otras.
De los demás participantes en el foro, fueron cinco y lo hicieron a nombre de los diputados y diputadas que integran la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado.
En representación del diputado Jesús Armando Ramírez Guzmán, quien presentó una iniciativa para crear una procuraduría ambiental, habló Francisco Picos, quien resaltó que Sinaloa ya ha dado pasos en la matera con la aprobación de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.
Se debe buscar entonces, dijo, disminuir los residuos en los diversos procesos productivos y aprovecharlos, lo que implica ser más productivos con menor impacto ambiental.
Como Sinaloa no tiene todavía una procuraduría del ramo, como si la tienen 21 estados de la República Mexicana, dijo que se llega tarde en este tema.
Bernardo Castro Medina, quien habló a nombre del diputado Apolinar García Carrera, lamentó que en Sinaloa subsista el uso de agroquímicos sin control, a pesar del daño que causa al medio ambiente.
Criticó que se sigan dando la tala de árboles, la quema de esquilmos, que haya basureros a cielo abierto, tala de manglares y uso de gas amoniaco en la agricultura pese a su impacto negativo.
En caso de que en Sinaloa se apruebe crear una procuraduría ambiental, demandó que se le asigne el presupuesto necesario para operar con eficacia
A nombre de la diputada Roxana Rubio participó Sandra Guido Sánchez, quien estimó que hay consenso en crear la nueva dependencia ambiental, pero advirtió que el sentir social es que se aplique la ley ante hechos concretos como la contaminación de cuerpos de agua por residuos de agroquímicos, la tala inmoderada, la contaminación que provocan proyectos mineros y otros.
Es por eso, dijo, que de crearse en Sinaloa una procuraduría ambiental, la cual debe tener un marco normativo que le permita trabajar conjuntamente con la Profepa en el seguimiento de delitos ambientales.
Joel Gerardo Retamoza participó a nombre de la diputada Alma Rosa Garzón, y advirtió que se debe trabajar muy bien sobre el rol de la procuraduría a crear para que no choque con la Secretaría de Desarrollo Sustentable que ya opera a nivel estatal.
Para ello, consideró que la nueva procuraduría deberá contar con una Ley Orgánica a efecto de que tenga personalidad jurídica, además de que tenga autonomía técnica y operativa, y consideró que presupuestalmente no debe tener una dependencia.
Òscar Lozano habló a nombre de la diputada Francisca Abelló Jordá, y advirtió el riesgo de que la nueva procuraduría exista nada más en el papel y no tenga capacidad de acción.
De crearse, dijo, debe dar respuesta eficaz a las demandas de la sociedad, y señalar a los responsables de delitos ambientales para poder reclamarles.
Consideró también que debe estar muy bien coordinada con las prioridades que fije el Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable y que sancione los delitos que se presentan de carácter estatal.