Tras los recientes hechos violentos ocurridos en el penal de Aguaruto, donde se han registrado al menos dos muertes en los últimos días, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha iniciado una investigación de oficio, en respuesta a las denuncias y llamadas de familiares de personas privadas de la libertad.
El presidente de la CEDH informó que la comisión recibió reportes el viernes y el sábado pasados sobre presuntas riñas al interior del centro penitenciario.
Como parte del protocolo, se solicitó información oficial a las autoridades penitenciarias y se buscó conocer el estado de salud de cuatro internos presuntamente involucrados.
“Cuando hay algún asunto en penales, nosotros abrimos investigación”.
Detallando que, además de las solicitudes formales, también se realizaron llamadas directas para conocer la situación.
Desde diciembre, la comisión ha iniciado nueve expedientes por riñas, seis por fallecimientos clasificados como naturales o por suicidio, uno por fuga y otro más por traslados.
A pesar de ello, no se han formalizado quejas directas contra custodios por presuntos maltratos.
La situación en Aguaruto, señaló el ombudsman, se agrava por factores estructurales como el autogobierno y el estado físico del edificio.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había otorgado una calificación apenas aprobatoria al penal, subrayando preocupaciones por la presencia de personas con enfermedades mentales y la falta de control interno.
“Esto habla de una situación muy compleja… a pesar de que solo hay una puerta para entrar y la misma para salir”.
Familiares de internos han solicitado la suspensión de operativos y revisiones, preocupados por las agresiones que derivan de estos procedimientos.
No obstante, la CEDH considera que, aunque comprensible, la solución de fondo requiere atacar problemas más amplios como la corrupción y la falta de gobernabilidad en los centros penitenciarios.
