José Manuel Prieto
Culiacán, Sinaloa.- La ley de Educación Superior viola flagrantemente la autonomía universitaria, por lo que en están haciendo un análisis jurídico para hacer la defensa legal, dijo el Abogado General de la Universidad Autónoma de Sinaloa Robespierre Lizárraga Otero.
En entrevista en el estudio del noticiero de radio y de redes sociales Viva La Noticia, conducido y dirigido por el periodista Enrique Gil Vargas, el asesor jurídico de la UAS, indicó que son varios agravios contra la universidad los que vienen en esta ley.
“Digamos que hay dos, que fundamentalmente son los más lascivos, sería el artículo tercero en su párrafo tercero y cuarto, explico rápidamente, la Ley General de Educación, blinda la autonomía universitaria a la hora de proponer reformas a leyes orgánicas”.
Explicó, que si se lee el artículo segundo de la Ley General de Educación, dice que para que se cambie una Ley Orgánica, es necesario que se haga una consulta previa, libre e informada de la comunidad universitaria y además una opinión del máximo órgano del gobierno.
“Aquí en Sinaloa lo dejaron igual, con un terrible agregado, que dice que toda consulta, en referencia a esa consulta de la acabo de hacer mención, va ser organizada por el Congreso del Estado, y en otro párrafo señala que el rector habrá de comparecer cada vez que lo solicite el Congreso del Estado”.
Esto cuando el Rector, por el régimen de autonomía, que implica autogobierno, autonormación, libertad de cátedra, libertad de examen, libertad de administración de patrimonio, libertad de hacer sus propios programas, mandata que la universidad tiene como máximo órgano para que el rector rinda cuentas, al Consejo Universitario.
Es por eso dijo, que la UAS, prepara un medio de control constitucional, como un amparo, sin embargo hay un sistema de pesos y contrapesos en México, que de alguna manera da oportunidad sobre todo a los gobernadores, cuando un ente de gobierno se sale del margen de la constitución y de la Ley rompe el principio de supremacía constitucional y de legalidad.
“Hay medios de control constitucional, para que lo que dice la constitución, se le haga valer a este ente del estado, del gobierno, que se excede en lo que la Constitución marca, se está violando la fracción séptima del artículo tercero constitucional, entonces, lo que procede aquí es tramitar un amparo”.