Irene González
Culiacán, Sinaloa.- La Auditoría Superior del Estado presentó ayer una asegunda denuncia penal contra autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante la negativa de permitir la ejecución de una revisión especifica derivada de denuncia ciudadana sobre presunto manejo irregular de los recursos.
El órgano fiscalizador promovió esta acción penal ante la Fiscalía General del Estado contra el rector de la institución Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, director jurídico de la universidad por abuso de autoridad.
“Estas acciones son las que resultan de la postura que las autoridades universitarias están tomando en relación a la fiscalización superior que se pretende de distintos ejercicios fiscales, por lo tanto, se procedió a presentar esa denuncia penal e igualmente a solicitar el inicio del procedimiento para la aplicación de sanciones ante la omisión de la entrega de la información”, informó
El pasado 17 de mayo personal de la Auditoría Superior del Estado se apersonó en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el objeto de iniciar una auditoría diferente a la que se aperturó el pasado 30 de marzo misma que deriva de una denuncia ciudadana que se refiere a presuntos hechos irregulares en la aplicación de recursos propios correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2022.
La auditora Emma Guadalupe Félix Rivera daba a conocer que mediante oficio notificado desde el 08 de mayo se requirió al rector de la universidad para efecto de que proporcionara información y documentación para la práctica de la auditoría, misma que debía ser entregada a las 10:30 horas del día 16 del mes y año en curso.
Sin embargo, al presentarse el personal comisionado fue atendido por el representante legal de la universidad quien reiteró su postura en el sentido de que la auditoría superior del estado no es competente para fiscalizar los recursos propios de dicha institución educativa y nuevamente fue omiso en proporcionar la información y documentación que fue previamente solicitada.
Por lo que, advertía que ante la conducta reiterada de las autoridades universitarias este órgano fiscalizador llevaría a cabo las acciones legales que resultan procedentes.