El activista a favor de la comunidad LGBT, Tiago Ventura acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a presentar una queja contra el diputado de Morena, Apolinar García. El activista expresó que este legislador, el pasado 21 de enero utilizó su cargo para hacer ciertos comentarios contra su persona, los cuales atentaron sus derechos.
Ante esto, dijo que están haciendo un llamado a las autoridades para que brinden respeto y sepan conducirse hacia las personas, ya que el diputado presumiblemente hizo comentarios xenofóbicos. Dijo que ante estos señalamientos ya ha recibido amenazas a través de redes sociales y teme que esto implique un acto de violencia hacia su persona.
“Yo fui acusado, señalado de atentar contra un grupo familiar importante de Sinaloa y a cambio recibir dinero por esto, y a parte, ha tenido unos comentarios xenofóbicos a mí persona y yo considero que es un atentado grave a mis derechos humanos. He recibido ciertas amenazas de perfiles que son falsos (…) y pues no me gustaría que esto se escale a una agresión física fuerte contra mi persona”, dijo.
Por su parte, el comisionado Estatal de los Derechos Humanos, José Carlos Álvarez comentó que se realizará la investigación correspondiente y se notificará a la persona implicada. Hizo también un llamado para que las autoridades y asociaciones civiles lleven a cabo sus relaciones en un ámbito de respeto.
“Se va a hacer el análisis correspondiente de acuerdo a los datos emitidos por Tiago, se le dará el curso que determine la ley orgánica, desde luego la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como órgano protector y garante de los derechos humanos hace un llamado a todas las personas, a las autoridades, para que en un clima de respeto se lleven a cabo las relaciones”, dijo.
Tiago Ventura anunció que posterior a esta queja en Derechos Humanos acudirá también a la instancia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y buscará una reunión con el secretario del Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo y la presidenta de la mesa directiva, la diputada Roxana Rubio, esto con la finalidad de impedir que los funcionarios públicos sigan emitiendo discursos de odio que afecten los derechos de las personas.