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Ante las preocupantes cifras de agresiones que padecen las mujeres y el maltrato infantil, la diputada federal Paloma Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, propuso hoy retomar la iniciativa de la “Ley Quemón”, con la finalidad de crear un Registro Nacional de Agresores Sexuales y de Deudores Alimentarios, para generar conciencia pública sobre el impacto que tienen los delitos sexuales y el abandono de las familias por irresponsabilidad.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, explicó que el PRI busca que México cuente con un registro claro y actualizable de quienes sean juzgados por un delito de naturaleza sexual, así como uno de deudores alimentarios, para hacer pública la irresponsabilidad de quienes no pagan pensiones alimenticias a sus hijos.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aseveró que ambos problemas están completamente normalizados en nuestra sociedad, pero no podemos permitirlos.

La legisladora federal por Sinaloa expuso que al menos 34 millones de mujeres mexicanas han padecido actos de violencia de género, que puede ser física, sexual, psicológica o patrimonial. Incluso, señaló que se prevé  que 66 de cada 100 mujeres en México, experimentarán, en algún momento de su vida, alguna de esas agresiones.

“No hay justicia para nosotras”, dijo, al informar que alrededor de seis millones de mujeres mexicanas han tenido que ver a su agresor salir impune, sin castigo y dispuesto a seguir con su dinámica violenta.

Al argumentar la necesidad de que la LXV Legislatura retome la iniciativa de la “Ley Quemón”,  destacó que 16 mujeres mueren en promedio cada día en nuestro país y, aunado a ello, en lo que va de este año se tienen más de un millón 500 mil delitos relacionados a la violencia de género.

En torno a la niñez, la diputada federal Paloma Sánchez indicó que se estima que seis de cada diez niños son víctimas de algún maltrato físico o psicológico en sus familias, mientras que casi el 70% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia de los padres de sus hijas e hijos, por lo que no están protegidos.

Argumentó que la violencia permanece gracias a que la desigualdad de género es pensada como algo natural, por lo que exhortó a los integrantes de la LXV Legislatura a unirse a su propuesta, “para darle eco a las voces de las mujeres mexicanas, que piden justicia ante sus agresores”.

Demandó no sólo alzar la voz, sino además gritar por las que ya no están, por las desaparecidas y por las que viven con miedo en sus hogares, porque “no podemos permitirnos fallarles, para que, en el futuro, las hijas de este México no tengan que luchar por su vida, sino sólo por realizar sus sueños”.

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