El grupo parlamentario del PRI en el Congreso local presentará una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico en los municipios y promover una mayor participación ciudadana en el destino del gasto público.
El coordinador de la bancada, Bernardino Antelo Esper, comentó que la propuesta legislativa contempla dos ejes centrales. El primero es formalizar dentro de la norma la creación de la Comisión de Desarrollo Económico, con lo cual se busca que esta forme parte de la estructura interna de los ayuntamientos, con la responsabilidad de impulsar estrategias de crecimiento económico local.
“Entre sus facultades estará la de establecer los Consejos Municipales para el Desarrollo Económico, órganos que promoverán la colaboración con la iniciativa privada y otras entidades locales, pero con un enfoque público y comunitario, diferente al modelo del CODESIN, centrado principalmente en el sector privado”, dijo el legislador.
La segunda parte de la iniciativa propone que los municipios adopten la figura del presupuesto participativo, mediante la cual al menos el 20% de los recursos de libre disposición se destinen al gasto social dentro de sus presupuestos de egresos. Este mecanismo permitirá que la ciudadanía tenga voz directa en la toma de decisiones sobre obras y acciones prioritarias para sus comunidades.
El legislador priista explicó que, de ese porcentaje, el 50% deberá distribuirse equitativamente entre las sindicaturas y colonias, garantizando que cada demarcación territorial reciba beneficios concretos, especialmente aquellas que tradicionalmente han sido olvidadas, como es el caso de muchas comunidades rurales.
“El otro 50% se asignará con base en criterios como: índice de pobreza multidimensional, incidencia delictiva, condición de los pueblos rurales y población registrada según el último censo del INEGI”, agregó.
Antelo Esper señaló que la iniciativa plantea modificar el artículo 28 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, incorporando estos nuevos mecanismos de participación ciudadana y desarrollo económico como disposiciones obligatorias para todos los ayuntamientos del estado.
