Parlamentarios chilenos encendieron las alertas ante el avance del proyecto Chile–China Express (CCE), una iniciativa que busca conectar la ciudad de Valparaíso con Hong Kong mediante un cable submarino de fibra óptica, y que podría tener implicancias estratégicas y geopolíticas para Chile y toda la región.
El proyecto fue presentado a inicios de julio del año pasado por la multinacional Inchcape Shipping Services (ISS) a Puerto Valparaíso, con respaldo del gobierno del entonces presidente Gabriel Boric. Sus promotores aseguran que permitiría velocidades de hasta 16 terabits por segundo, además de mayor fiabilidad y menores costos de transmisión, posicionando a Chile como un hub digital global.
Según explicó el gerente general de ISS, Víctor Oelckers, el cable también contribuiría a la autonomía digital del país, al diversificar las rutas de conexión y reducir la dependencia de los enlaces submarinos que actualmente pasan por Estados Unidos, disminuyendo los riesgos ante eventuales fallas en la infraestructura existente.
No obstante, el avance del Chile–China Express ha estado marcado por el hermetismo, en contraste con el Cable Humboldt, proyecto impulsado por el Estado chileno junto a Google, que fue anunciado públicamente con cronograma, inversión estimada y socios claramente identificados, y cuya entrada en operación está prevista para 2027.
En los registros de la industria, el CCE aparece apenas como una iniciativa “en progreso”, sin información clara sobre su financiamiento, consorcio ni términos contractuales, y sin anuncios oficiales del Ejecutivo, lo que ha generado inquietud en el Congreso.
La principal preocupación radica en que el proyecto podría otorgar a China control sobre nodos estratégicos de transmisión de datos. Esto cobra especial relevancia considerando que el país asiático cuenta con leyes de Ciberseguridad e Inteligencia Nacional que obligan a empresas a colaborar con los servicios de inteligencia del Estado.
En la práctica, advierten los legisladores, los datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas podrían quedar a disposición de Pekín, sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan mecanismos efectivos para impedirlo.
El impacto del proyecto no se limitaría a Chile. Países como Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay o Ecuador podrían ver parte de su tráfico digital enrutado a través del Chile–China Express, transformándolo en un asunto regional de seguridad y soberanía de los datos.
Ante este escenario, parlamentarios de oposición exigieron que el nuevo gobierno del presidente electo José Antonio Kast revise y corrija el proyecto con urgencia. El senador Alejandro Kusanovic fue uno de los primeros en alzar la voz, calificando la iniciativa como “incómoda” por sus implicancias geopolíticas.
En una columna publicada en julio de 2025, Kusanovic cuestionó además la relación del gobierno saliente con Estados Unidos y advirtió sobre la falta de una conducción institucional clara en decisiones estratégicas de largo plazo.
El legislador también criticó la exclusión de Isla de Pascua y del archipiélago Juan Fernández del trazado del Cable Humboldt, sugiriendo que dicha omisión podría favorecer indirectamente la ruta alternativa impulsada por China.
En declaraciones posteriores, Kusanovic denunció opacidad en la información disponible, sostuvo que no existe claridad sobre el avance real del proyecto y alertó sobre un patrón de creciente presencia china en ámbitos científicos, pesqueros y tecnológicos en Chile.
En la misma línea, el diputado republicano Hotuiti Teao solicitó que, al retorno del receso legislativo, la Comisión de Defensa Nacional realice una sesión secreta para revisar los antecedentes del cable submarino que conectaría Chile con Hong Kong.
Para Teao, la naturaleza estratégica del proyecto, su vinculación con infraestructura crítica y la ausencia de una evaluación pública en materia de seguridad y ciberseguridad justifican plenamente que el Congreso ejerza su rol fiscalizador con el nivel de reserva y profundidad que el tema requiere.
