El reciente caso de un científico francés al que se le negó la entrada a Estados Unidos tras revisar su teléfono reavivó el debate sobre la legalidad de los registros digitales en la frontera. Aunque Francia protestó alegando que se trató de mensajes críticos hacia Donald Trump, las autoridades estadounidenses negaron motivaciones políticas y el episodio dejó una pregunta clave entre los viajeros.
La respuesta legal es clara: sí, estos registros son legales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene amplias facultades para revisar teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos, amparada en una excepción a la Cuarta Enmienda que permite registros sin orden judicial en los puntos de entrada al país.
Durante el año fiscal 2025, la CBP realizó más de 55 mil registros de dispositivos electrónicos. Aunque la cifra representa apenas el 0,01% de los casi 420 millones de viajeros que cruzaron la frontera, el número ha aumentado respecto a años anteriores, lo que ha incrementado la preocupación por la privacidad digital.
La CBP sostiene que estos registros buscan detectar contrabando digital, contenido vinculado al terrorismo o información relevante para determinar la admisibilidad de los visitantes. Sin embargo, cada vez más viajeros denuncian interrogatorios relacionados con expresiones en línea que están protegidas por la libertad de expresión.
Los derechos de los viajeros varían según su estatus migratorio. Los no ciudadanos concentran la mayoría de los registros, aunque el porcentaje de dispositivos pertenecientes a ciudadanos estadounidenses ha crecido hasta cerca del 25%. El lugar de entrada y la condición legal influyen directamente en el nivel de protección de la privacidad.
Los agentes pueden solicitar acceso a cualquier dispositivo. Si eres ciudadano estadounidense o residente permanente, pueden retener tu teléfono si te niegas a desbloquearlo, pero no impedirte la entrada al país. En cambio, los turistas y personas sin estatus legal permanente suelen enfrentar la negativa de ingreso si no cooperan.
Decidir si entregar o no el código de acceso es una elección personal. Expertos en privacidad advierten que profesionales como médicos o periodistas deben considerar cuidadosamente el riesgo de exponer información sensible frente a la posibilidad de perder el dispositivo durante semanas o meses.
Existen distintos tipos de registros. El básico consiste en una revisión manual, mientras que el forense —mucho menos frecuente— permite copiar el contenido del dispositivo para un análisis más profundo, incluso recuperando archivos borrados.
El marco legal no es uniforme en todo el país. En algunos estados se exige “sospecha razonable” para realizar búsquedas forenses, mientras que en otros no. Aunque la CBP aplica un estándar general de sospecha razonable, este incluye una amplia excepción por motivos de seguridad nacional.
A diferencia de los cruces fronterizos, los viajes dentro de Estados Unidos no están sujetos a este nivel de escrutinio. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no tiene autoridad para revisar el contenido digital de los dispositivos.
Para proteger la privacidad, los expertos recomiendan usar contraseñas robustas, mantener el software actualizado y, si es posible, viajar con un segundo teléfono sin información sensible. También aconsejan apagar el dispositivo antes de la inspección y desactivar la biometría.
Otras medidas incluyen mantener el teléfono en modo avión, respaldar y borrar los datos antes del viaje y llevar documentos impresos. Si un agente confisca el dispositivo, es importante pedir un recibo y, una vez recuperado, cambiar inmediatamente el código de acceso para mayor seguridad.
